Respuestas
México
A lo largo de este ensayo, el autor aporta
elementos que demuestran la polaridad campo
y ciudad cada vez más arraigada en México.
Bajo estas circunstancias, Luis Gómez-Oliver
sostiene que el desarrollo rural es indispensable
para una sana política de ocupación territorial,
para frenar el equilibrio urbano, así como
para aprovechar los recursos naturales,
humanos y culturales que constituyen
la riqueza de nuestro país.
Luis Gómez-Oliver
La reciente crisis cambiaria (diciembre 1994) y sus serias consecuencias económicas obligan a profundizar el análisis sobre las insuficiencias que presenta el nuevo estilo de desarrollo que se está definiendo para México.1 Si bien es cierto que en el desencadenamiento de la crisis incidieron graves factores políticos y económicos coyunturales, no puede desconocerse la presencia de determinantes estructurales esenciales.2 Es importante considerar que la democracia política necesita sustentarse en una democracia social y ésta, a su vez, sólo es posible en una sociedad solidaria, donde la igualdad de oportunidades contribuya a la capilaridad social y a la superación de las inevitables desigualdades económicas.
Respecto al financiamiento del desarrollo, si bien la tasa de ahorro interno depende de políticas macroeconómicas, de una indispensable reforma del sistema financiero y de una mayor orientación de la economía hacia la exportación, la polarización socioeconómica incrementa la tendencia a consumir más allá de los propios medios, principalmente por la presión para compensar con gasto público las disparidades sociales y regionales.
Por otra parte, la insuficiencia de ahorro interno para financiar sus procesos de crecimiento es una característica de los países en vías de desarrollo. En este sentido, los flujos de capital externo son prácticamente un requisito para lograr un progreso económico acelerado, capaz de ir cerrando la brecha entre países ricos y pobres. Dos condiciones, estrechamente interrelacionadas, determinan la viabilidad de esta corriente de capitales y su efectividad para sustentar el proceso de desarrollo. Por un lado, rentabilidad y confianza sostenida para los inversionistas; por el otro, capacidad para absorber capital técnico y productivo dentro de un proceso de acumulación de efecto multiplicador.
El carácter del desarrollo mexicano afecta muy negativamente tanto el ahorro interno como el externo. Extensas regiones del país se ven marginadas del proceso económico y amplias masas de población carecen de condiciones para participar en los procesos productivos modernos. La base del desarrollo nacional acumula así grandes tensiones de desintegración económica. En el agudo contraste que caracteriza a la sociedad mexicana conviven, separándose permanentemente, la modernidad concentrada de los grandes centros urbanos y la marginalidad creciente de amplias zonas del territorio nacional donde las severas limitantes en infraestructura, comunicaciones, servicios, disponibilidad de mano de obra calificada y condiciones de vida, parecieran corresponder a otro tiempo o, por lo menos, a otro lejano y atrasado país.
Se generan así graves conflictos sociales, latentes o explosivos, que aumentan las presiones sobre las cuentas fiscales debido a la necesidad de utilizar el gasto público para paliar las enormes diferencias de desarrollo; simultáneamente, los conflictos o la posibilidad de los mismos erosionan fuertemente la confianza de los inversionistas, sobre todo de las instituciones extranjeras, más reluctantes a asumir riesgos. Por otra parte, cuellos de botella insalvables en infraestructura física y social impiden aprovechar integralmente el potencial productivo en la mayor parte del país.
Cualquier estrategia para superar la actual crisis, dentro de una perspectiva de recuperación sostenida del progreso económico y social a largo plazo, debe considerar la necesidad de fortalecer la democracia y de superar el carácter excluyente del desarrollo económico.
Es al interior de esta visión amplia que resulta relevante plantear el análisis del papel de la agricultura en el desarrollo nacional. La argumentación tradicional en defensa de la agricultura descansaba en la importancia de ciertos productos específicos o en planteamientos paternalistas respecto a los pequeños productores. Esta fundamentación de la política agrícola es obsoleta y carece de capacidad de negociación frente a las prioridades macroeconómicas o financieras. El énfasis en la productividad y competitividad, la reducción del ámbito de acción del Estado, la apertura económica, la liberación comercial, los procesos de desregulación y la creciente movilidad de los recursos tecnológicos y de capital han desplazado los ejes de la política agrícola posible hacia la generación de condiciones para absorber capital técnico y productivo.
En este sentido, es importante explicitar un marco analítico para considerar las interrelaciones entre la agricultura y la economía en su conjunto
México
A lo largo de este ensayo, el autor aporta
elementos que demuestran la polaridad campo
y ciudad cada vez más arraigada en México.
Bajo estas circunstancias, Luis Gómez-Oliver
sostiene que el desarrollo rural es indispensable
para una sana política de ocupación territorial,
para frenar el equilibrio urbano, así como
para aprovechar los recursos naturales,
humanos y culturales que constituyen
la riqueza de nuestro país.
Luis Gómez-Oliver
La reciente crisis cambiaria (diciembre 1994) y sus serias consecuencias económicas obligan a profundizar el análisis sobre las insuficiencias que presenta el nuevo estilo de desarrollo que se está definiendo para México.1 Si bien es cierto que en el desencadenamiento de la crisis incidieron graves factores políticos y económicos coyunturales, no puede desconocerse la presencia de determinantes estructurales esenciales.2 Es importante considerar que la democracia política necesita sustentarse en una democracia social y ésta, a su vez, sólo es posible en una sociedad solidaria, donde la igualdad de oportunidades contribuya a la capilaridad social y a la superación de las inevitables desigualdades económicas.
Respecto al financiamiento del desarrollo, si bien la tasa de ahorro interno depende de políticas macroeconómicas, de una indispensable reforma del sistema financiero y de una mayor orientación de la economía hacia la exportación, la polarización socioeconómica incrementa la tendencia a consumir más allá de los propios medios, principalmente por la presión para compensar con gasto público las disparidades sociales y regionales.
Por otra parte, la insuficiencia de ahorro interno para financiar sus procesos de crecimiento es una característica de los países en vías de desarrollo. En este sentido, los flujos de capital externo son prácticamente un requisito para lograr un progreso económico acelerado, capaz de ir cerrando la brecha entre países ricos y pobres. Dos condiciones, estrechamente interrelacionadas, determinan la viabilidad de esta corriente de capitales y su efectividad para sustentar el proceso de desarrollo. Por un lado, rentabilidad y confianza sostenida para los inversionistas; por el otro, capacidad para absorber capital técnico y productivo dentro de un proceso de acumulación de efecto multiplicador.
El carácter del desarrollo mexicano afecta muy negativamente tanto el ahorro interno como el externo. Extensas regiones del país se ven marginadas del proceso económico y amplias masas de población carecen de condiciones para participar en los procesos productivos modernos. La base del desarrollo nacional acumula así grandes tensiones de desintegración económica. En el agudo contraste que caracteriza a la sociedad mexicana conviven, separándose permanentemente, la modernidad concentrada de los grandes centros urbanos y la marginalidad creciente de amplias zonas del territorio nacional donde las severas limitantes en infraestructura, comunicaciones, servicios, disponibilidad de mano de obra calificada y condiciones de vida, parecieran corresponder a otro tiempo o, por lo menos, a otro lejano y atrasado país.
Se generan así graves conflictos sociales, latentes o explosivos, que aumentan las presiones sobre las cuentas fiscales debido a la necesidad de utilizar el gasto público para paliar las enormes diferencias de desarrollo; simultáneamente, los conflictos o la posibilidad de los mismos erosionan fuertemente la confianza de los inversionistas, sobre todo de las instituciones extranjeras, más reluctantes a asumir riesgos. Por otra parte, cuellos de botella insalvables en infraestructura física y social impiden aprovechar integralmente el potencial productivo en la mayor parte del país.
Cualquier estrategia para superar la actual crisis, dentro de una perspectiva de recuperación sostenida del progreso económico y social a largo plazo, debe considerar la necesidad de fortalecer la democracia y de superar el carácter excluyente del desarrollo económico.
Es al interior de esta visión amplia que resulta relevante plantear el análisis del papel de la agricultura en el desarrollo nacional. La argumentación tradicional en defensa de la agricultura descansaba en la importancia de ciertos productos específicos o en planteamientos paternalistas respecto a los pequeños productores. Esta fundamentación de la política agrícola es obsoleta y carece de capacidad de negociación frente a las prioridades macroeconómicas o financieras. El énfasis en la productividad y competitividad, la reducción del ámbito de acción del Estado, la apertura económica, la liberación comercial, los procesos de desregulación y la creciente movilidad de los recursos tecnológicos y de capital han desplazado los ejes de la política agrícola posible hacia la generación de condiciones para absorber capital técnico y productivo.