Que alternativas de solucion podrian proponer los paises industrializados para reducir los gases de efecto invernadero
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Dejar de emitir gases de efecto invernadero –responsables del calentamiento de la atmósfera– no es una opción para la sociedad capitalista. No al menos de una manera tan drástica como la que se necesita. En la actualidad, toda acción climática –y esperanza– pasa por los planes de cada país para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París: que la temperatura no pase de los 2ºC, y hacer todo lo posible por limitar ese aumento a 1,5 ºC. No obstante, como viene avisando la comunidad científica, los compromisos de los Estados están lejos de lo que realmente se necesita.
Cada 28 de enero se celebra el Día Mundial de la reducción de dióxido de carbono. Aunque no es el único, este gas es el que más contribuye al cambio climático, además de usarse como referencia para englobar al resto de gases de efecto invernadero. El 21 de enero, el Observatorio Mauna Loa, en Hawái, registró la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en un día: 415,79 ppm (partes por millón). En 2018, la concentración media de gases de efecto invernadero alcanzó registros históricos no vistos en los últimos tres millones de años.
A finales del año pasado, la ONU avisaba en un informe de que la ambición climática global de las naciones deberá triplicarse: “Tal y como están las cosas, cabe esperar que las temperaturas aumenten entre 3,4 y 3,9°C este siglo, lo que traerá consigo impactos climáticos de gran alcance y destructivos”.
Con los causantes más que detectados y con las consecuencias más que claras, ¿qué hacen los países? Estos son algunos ejemplos:
España
La semana pasada, el Gobierno de España declaró la emergencia climática y ambiental. Si bien el acuerdo no tiene rango legal alguno, servirá para acelerar la acción climática. En total, se llevarán a cabo 30 líneas de acción «prioritarias». El Ejecutivo se ha comprometido a ejecutar cinco de esas medidas en los 100 primeros días de Gobierno. La que más apremia, dada su importancia, es remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con esta ley, se busca garantizar que se alcancen las emisiones netas cero –es decir, compensar lo que se emite y lo que se absorbe– para 2050, año en el que el mundo debería estar ‘libre’ de gases de efecto invernadero.
Esa ley de cambio climático incluirá un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de vehículos que no emitan gases de efecto invernadero, un sistema agrario neutro en emisiones, y un sistema fiscal que lleve a la descarbonización. El resto de medidas prioritarias pasan por presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la creación de una Asamblea Ciudadana, e impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicio.
Además, el Gobierno se ha comprometido a no otorgar, «salvo casos justificados», nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, responsables principales del calentamiento global.
Unión Europea
Aunque España tenga su propia hoja de ruta para mitigar y adaptarse al cambio climático, esta deberá estar en consonancia con los objetivos acordados en el seno de la Unión Europea. En noviembre, el Parlamento Europeo ya declaró la emergencia climática y ambiental, una resolución que insta a todos los actores posibles a que «lleven a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde».
En esta línea, la Comisión Europea, dirigida por la alemana Ursula von der Leyden, presentó en diciembre el Pacto Verde Europeo. Este plan, sin carácter jurídico vinculante pero con valor político, incluye hasta 50 acciones para la lucha contra el cambio climático. La meta es convertir Europa en el primer continente neutro en emisiones para mediados de siglo.
Un paso importante para vertebrar el acuerdo verde será la ley climática europea, que se espera que vea la luz durante el primer trimestre del año. Otra actualización importante es el aumento en la ambición para la próxima década. El Pacto Verde recoge la necesidad de reducir las emisiones «al menos el 50% y hacia el 55%», frente al actual objetivo del 40%. Para ello, serán necesarios 260.000 millones de euros de inversión anual adicional: «Será necesaria la colaboración tanto del sector privado como público y supondrá que al menos un 25% del presupuesto de la UE tendrá que ir destinado a acciones contra el cambio climático».