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urante los últimos tiempos, los argentinos hemos asistido a continuos y fuertes debates en torno de la extensión, contenido y límites de la democracia. El Gobierno justifica sus actos políticos invocando el apoyo popular mayoritario; la oposición reclama el necesario respeto por las minorías y las instituciones.
En nuestro país, la democracia ha servido para justificar variados hechos y situaciones, que muchas veces exceden la legitimidad que pueden contener los reclamos. Desde los cortes de calles, rutas y puentes internacionales y la toma de comisarías o escuelas públicas hasta las opiniones de algunos funcionarios destinadas a marcar los plazos de la justicia, solicitar la remoción de algunos de sus integrantes o imponer rígidamente la mayoría legislativa para modificar instituciones básicas de la República.
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