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Respuesta:
- evaluaron los efectos perniciosos del paternalismo oficial y veían en el régimen
ejidal un obstáculo para los procesos de modernización y democratización en el campo.
Argumentaron que el ejido se había convertido en una institución sustentada en formas
corporativas y clientelares de gestión, propiciando la concentración de recursos y de poder en las
“élites ejidales” y el neolatifundismo. Para esta corriente, a través de las nuevas disposiciones
legales se liberaría a los ejidatarios de las relaciones paternalistas con el Estado y se abrirían los
canales para una gestión productiva autónoma por parte de los productores rurales.
Con finalidad de prevenir la excesiva concentración de la tierra ejidal privatizada, la
nueva ley agraria fija ciertos límites legales al tamaño de las propiedades. Al mismo tiempo, se
establecen los mecanismos legales que permiten la asociación de los ejidatarios con el capital
privado nacional y extranjero. Para aquellos miembros del gabinete oficial preocupados por la
integración de México a la dinámica del comercio internacional -los llamados “tecnócratas”
(Corneluis y Myre, 1998)-, la nueva legislación sería el medio para recapitalizar e incrementar el
potencial de exportación de aquellos sectores de la agricultura con ventajas comparativas en el
mercado mundial de productora agrícolas. Para esta corriente oficial, el ejido, en su forma
tradicional, es considerada una institución obsoleta que detiene la integración del sector agrícola
al libre mercado. En este sentido, los derechos de propiedad sobre la tierra deben garantizar la
seguridad en la tenencia de la misma, factor fundamental para incentivar la inversión de capital
en el sector. En la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo que se llevó a
cabo en diciembre de 1999 en la ciudad de México, el presidente de la república, Ernesto Zedillo
afirmó que la reforma agraria emprend ida en 1992 sienta las bases para que el campo enfrente
los desafíos de la economía global, sustentando tal afirmación en el supuesto de que la seguridad
legal de la propiedad de la tierra es el medio para fomentar la inversión productiva, incrementar