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La Monarquía de Luis XVI atravesaba por graves problemas financieros debido a los gastos militares generados por los conflictos con Inglaterra, especialmente la Guerra de los Siete Años, que excedían los ingresos obtenidos a través de los impuestos tradicionales. Los intentos de reformar el sistema fiscal emprendidos por varios ministros –Turgot, Necker, Calonne, Brienne-, para que los estamentos privilegiados contribuyesen económicamente fracasaron. En la asamblea de notables de 1787 los representantes de estos estamentos se negaron a pagar impuestos, ya que suponía el fin de uno de sus más preciados privilegios. Esta negativa obligaba al Estado francés a subir los impuestos o a crear otros nuevos sobre el comercio, perjudicando a la burguesía comercial e industrial y, sobre todo, a campesinos y trabajadores de las ciudades. La población urbana veía con preocupación la vertiginosa subida de los precios del pan y otros productos básicos subiesen por las periódicas crisis de subsistencia. Si la burguesía reclamaba mayor protagonismo político y social, los grupos populares, por su parte, demandaban precios fijos y asequibles. Y todo el tercer estado, menor presión fiscal.
Ante la negativa de los privilegiados a contribuir, éstos pidieron al rey que convocara los Estados Generales, institución representativa del Antiguo Régimen francés, formada por los tres estamentos y de carácter consultivo, cuya función era aprobar nuevos impuestos y que no se reunía desde 1614. El rey y su ministro Brienne se resistieron porque consideraban que los Estados Generales debilitaban el poder real y podían ser un instrumento de confrontación en manos de la nobleza frente a las reformas. Pero la situación económica y política era tan grave que se determinó su convocatoria para 1789.
El 27 de julio de 1794 se produjo un golpe de estado de carácter conservador contra los jacobinos. Robespierre y sus seguidores fueron condenados a muerte y ejecutados. La burguesía conservadora recuperó el poder y puso en marcha el “terror blanco”. Comenzó la etapa, conocida como del Directorio, o como denominan algunos autores, la República de los propietarios. La Revolución se daba por terminada. Se suprimieron los comités de la etapa anterior, la Constitución democrática y las medidas radicales.
Se retornó a los principios de 1789 y a una versión moderada del liberalismo. En 1795 se aprobó una nueva Constitución que establecía una tajante división de poderes y creaba un legislativo bicameral, formado por dos asambleas: una que proponía las leyes y otra que las aprobaba, así como un poder ejecutivo, integrado por cinco miembros, denominado Directorio y elegido por las dos cámaras legislativas. El sufragio volvió a ser censitario y más restringido que el de 1791
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gracias tambien lo necesitaba
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