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En el año 1986, el gobierno mexicano inició un proceso de apertura comercial, argumentando que esta iniciativa propiciaría una mayor competitividad de las empresas, y con ello se generarían mejores condiciones para el desarrollo del país y el bienestar de su población. Sin embargo, desde la perspectiva de esta investigación, el gobierno mexicano propició una apertura comercial acelerada que no tomó en cuenta sus condiciones económicas internas, en particular las que caracterizan a su mercado laboral, propiciando con ello una agudización interna, cuando menos en el corto plazo, de los problemas que toda economía no desarrollada tiene
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