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En los últimos treinta años América Latina ha experimentado la transición y la consolidación democrática. Se han producido grandes avances para garantizar el derecho universal al voto, elecciones libres y transparentes y el acceso y la permanencia en el poder de los cargos elegidos; sin embargo, estos elementos no son suficientes para garantizar la solidez de los regímenes democráticos. Los acontecimientos recientes de Honduras son emblemáticos del riesgo de un retroceso autoritario y cómo éste puede materializarse de manera repentina.
La democracia en América Latina presenta elementos de debilidad relacionados con la incapacidad del Estado de extender los derechos humanos fundamentales a toda la población, requisito fundamental para convertir a los habitantes de un estado en ciudadanos a todo efecto y para garantizar la cohesión social, la participación, el sentido de pertenencia de la población hacia el Estado y el apoyo estable de la población a esa democracia, es decir, como elemento legitimador.
Pese a las diferencias entre todos los países de América Latina, algunas características comunes explican la debilidad democrática; la desigualdad es la más relevante, pues los mayores niveles de concentración de la riqueza mundial se encuentran en esa región. Las implicaciones son muy relevantes, pues la desigualdad que caracteriza a los países latinoamericanos se relaciona con la subsistencia de bolsas de pobreza e indigencia que chocan con los valores medios de riqueza de los países, siendo la mayoría de ellos de renta media y, en algunos casos, alta.
Se trata de una pobreza y de una desigualdad multidimensionales, que a la escasez económica agregan la falta de acceso a las necesidades y a los servicios básicos, la falta de oportunidad, la exclusión social y la discriminación. La discriminación social afecta a una pluralidad de grupos sociales (pobres, indígenas, campesinos, mujeres), creando así una masa enorme de excluidos.
La desigualdad afecta también, de manera directa, a las dinámicas políticas y la posibilidad de acceso al poder por la población. De hecho, la concentración de la riqueza y del poder implica el uso de instrumentos que permiten a los grupos privilegiados reproducir el statu quo. Esos instrumentos están representados principalmente por la violencia y la corrupción, fenómenos que alcanzan niveles elevadísimos en la región.
La inseguridad social es una de las mayores preocupaciones de la población latinoamericana, que además desconfía de la capacidad del Estado de desempeñar su función clave de protección.
Por otro lado, la corrupción debilita la cohesión social y reduce la posibilidad de construir un pacto social sólido entre la población. La desigualdad, a través de múltiples canales, impide la creación y consolidación de una base social bastante amplia capaz de sustentar el desarrollo de democracias sólidas y efectivas.
En las siguientes líneas, se tratarán algunos de estos temas, pues el objetivo de este artículo es evidenciar como, sin una acción decidida sobre las desigualdades, la democracia en América Latina tiene un destino muy incierto.
LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
De 2005 a 2007 en muchos países de América Latina se celebraron elecciones democráticas, que contribuyeron en gran medida al mayor avance económico de las últimas décadas en la región.
Los resultados de la publicación anual de 2009 de Freedom House enseñan que 25 de las 35 naciones están clasificadas como libres, nueve son "parcialmente libres" y sólo Cuba está clasificada como "no libre" (Freedom House, 2009).
La clasificación de "libre" se refiere a un régimen electoral de tipo democrático donde el derecho al voto es universal, el acceso a las principales posiciones del gobierno se logra mediante elecciones, que son a la vez competitivas e institucionalizadas, y existen durante y entre esas elecciones diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y de disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por un agente privado (O'Donnell, 2004).
Sin embargo, es posible distinguir entre un régimen democrático en sentido formal y una democracia de tipo integral. La segunda, más allá de una dimensión meramente electoral, se relaciona con su capacidad de incluir grupos sociales diferentes, de garantizar la libertad y el respeto de los derechos de toda la población, así como la posibilidad real de participar en la política de su país. Esas son las bases que a nosotras nos interesan, pues resultan fundamentales para el desarrollo sostenible de la humanidad.
Los avances democráticos