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La Ley 100 es teóricamente un modelo de política neoliberal impuesto por organismos externos para condicionar prestamos internacionales. Realmente es una figura legal para monopolizar y comercializar la salud en Colombia. Fue elaborada durante el Gobierno de Gaviria y puesta en marcha durante la administración Samper. Su ponente fue el Dr. Alvaro Uribe Vélez.
Esta Ley, mediante un proceso de aporte obligatorio de todo residente, trabajador o pensionado, en Colombia, dice hacerse cargo de la salud de cada persona y para ello se basa en lo siguiente:
Excluye la libre relación paciente/médico y añade un intermediario a esta relación, quien cobra un 12.5% de los ingresos de cada persona, asigna aproximadamente $12 dólares mensuales para cuidar la salud de cada uno y deduce para si una utilidad por sus servicios de intermediación.
Adicionalmente a este 12.5%, cada vez que un afiliado use el servicio, debe efectuar un copago, que es una cuota proporcional a los ingresos de cada afiliado y que se asignara a las IPS.
Los valores restantes van a un fondo especial manejado por el gobierno, quien debería emplear estos dineros para cuidar la salud de los mas necesitados y de los enfermos muy graves. Estos dineros no pueden ser empleados por las IPS.
La Ley 100 reconoce únicamente dos clases de ejercicio médico: el asalariado y el adscrito a Entidades Promotoras de Salud (EPS ) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
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