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Pocas personas se dan cuenta de que los organismos internacionales son el estatismo en su máxima potencia. Ergo, los males asociados a ese sistema están exacerbados en ellos.
Dichos entes nacieron al impulso de buenas intenciones. Pero, como todo aparato burocrático –político, en poco tiempo se degeneraron. En los hechos, constituyen una fuente de ingresos colosales para sus integrantes mediantes suculentos sueldos –generalmente libres de impuestos– prebendas y numerosísimos beneficios adicionales. Asimismo, les asegura a sus funcionarios una existencia rodeada de lujos en Europa o EE.UU. Además, propician un campo idóneo para la desidia y la corrupción. Simultáneamente, se caracterizan porque poco y nada han cumplido con los objetivos proclamados al momento de su creación.
Desde ese punto de vista, un ejemplo paradigmático es la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. El texto fundacional que le dio origen fue el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas desarrollada en la ciudad mencionada. Comenzó a operar en 2002.
En el preámbulo se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. Esa fue la premisa que supuestamente daría origen a una auténtica justicia internacional que castigaría al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Pero la esperanza de que esos nobles anhelos se materializaran en acciones concretas, pronto se disfumó. Por el contrario, es tan indignante el accionar de ese organismo internacional, que ha merecido críticas demoledoras. Por ejemplo, en 2016 fueron publicadas en Francia dos investigaciones exhaustivas sobre la inacción del CPI y el cuestionable papel que jugó su primer fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, a lo largo de su mandato (2003-2012).
Uno de esos libros es El Joker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional de Stéphanie Maupas, corresponsal en La Haya del diario francés Le Monde. A lo largo de 400 páginas, la autora describe con lujo de detalles un mundo sórdido tras la apariencia majestuosa de dicho tribunal, al que define como de “inoperancia y sumisión política completa”.
El otro fue escrito por el abogado Juan Branco, profesor de la Universidad de Yale, quien trabajó en la CPI entre 2010 y 2011. Su libro se titula El orden y el mundo, una crítica a la Corte Penal Internacional. Este autor también traza un perfil nefasto sobre el CPI: relata una situación absurda de complacencias políticas y de inoperancia que ahogan los propósitos fundacionales del tribunal.
Por su parte Robert Charvin señala que “La independencia financiera de la jurisdicción no está garantizada. No sabemos sobre todo cuál es el nivel de independencia de la Fiscalía, dadas las conexiones que se establecen durante el mandato entre sus miembros e intereses diversos”. Se sabe que la independencia y seguridad financiera es uno de los requisitos claves para garantizar la imparcialidad de un sistema judicial.
Supuestamente, “la CPI iba a perseguir a los tiranos y asesinos de los pueblos sustituyéndose al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la ex Yugoslavia. Sus blancos eran los criminales de guerra y los jefes de Estado corruptos y represores que fijaban ellos mismos las reglas para vivir en un paraíso impune y someter a sus pueblos al infierno. La CPI debía poder intervenir cuando un Estado se mostraba incapaz de activar sus propios criminales”.
Explicación:
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