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Contexto y significado
El 10 de diciembre de 1983, un gobierno democrático encabezado por el presidente radical Raúl Alfonsín, ponía fin a la sangrienta dictadura que se había iniciado siete años atrás, el 24 de marzo de 1976. Desde que la Argentina estableciera el voto secreto y obligatorio en 1912, ningún gobierno democrático había podido finalizar su ciclo entregando el poder a un gobierno de otro signo elegido democráticamente. Durante casi todo el siglo XX, tres ciclos de gobiernos radicales y dos de gobiernos peronistas fueron sistemáticamente derrocados por golpes de Estado que impusieron dictaduras cívico-militares. En los 53 años que transcurrieron entre el primer golpe y la elección de Alfonsín en 1983, sólo durante doce años hubo gobiernos constitucionales elegidos en elecciones libres, mientras que los 41 años restantes hubo dictaduras y gobiernos fraudulentos o producto de elecciones con proscripciones, impuestos por las fuerzas militares. La violencia ejercida contra la población por cada una de las dictaduras fue creciendo, hasta el punto de que la dictadura que finalizaba en 1983, había recurrido al uso sistemático del terrorismo de Estado, causando decenas de miles de crímenes de lesa humanidad aberrantes, incluyendo masivas ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y secuestros de niños para privarlos de su identidad biológica y familiar.
Al asumir el gobierno democrático encabezado por Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, era muy alta la probabilidad de que pudiera ser derrocado por nuevo golpe de Estado. De hecho tanto Alfonsín, como su sucesor el peronista Carlos Menem debieron enfrentar cuatro intentos de golpe de Estado. Recién en diciembre de 1990, cesaron los levantamientos militares para derrocar un gobierno democrático.
En esos años, había una clara conciencia en la dirigencia política argentina y las organizaciones de derechos humanos de que, lo que se denominaba "consolidación de la democracia", estaba íntimamente vinculada con la problemática de los derechos humanos y las violaciones masivas que sufrieron en la última dictadura. Por esa razón una de las primeras medidas tomadas por el gobierno democrático fue crear una Comisión que investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, con el fin de elaborar un informe que sirviera de base a una acusación para enjuiciar a las Juntas Militares que lideraron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, con excepción de la última, que transmitió el poder al gobierno democrático.