¿Cuáles son los alcances y los límites del derecho de iniciativa popular?
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Explicación:
La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular , o también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa; se trata de la posibilidad amparada en la Constitución, las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que se puedan tomar en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden tratar asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.
La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de la iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo.
En algunos países, la iniciativa popular tiene una regulación específica que establece algunas especialidades en su tramitación como puede ser la aceptación de la firma electrónica, aceptada en la Iniciativa legislativa popular en España desde 2006esde 1998, la iniciativa popular se encuentra regulada en los dieciséis estados a nivel estadual y en quince de ellos a nivel comunal. El procedimiento de iniciativa popular es denominado “referéndum” y consiste en la presentación de proyectos por parte de los ciudadanos que luego se someten a votación.1
Baviera
En Baviera el derecho de iniciativa popular se encuentra regulado a nivel comunal, distrital y estadual. Los procedimientos y leyes a nivel comunal y distrital son idénticos. Según la Ley Comunal de Baviera (art. 18.a), los ciudadanos deben presentar las peticiones ante el concejo, órgano que decide sobre la admisibilidad de la petición. Los promotores de la petición pueden presentar una demanda contra dicha decisión sin previo trámite.
Se establecen diferentes porcentajes de firmas necesarias según la cantidad de habitantes de la comuna, como por ejemplo, hasta 10.000 habitantes se requiere el 10%, hasta 100.000 habitantes el 6% y más de 500.000 habitantes requiere el 3% de las firmas de los ciudadanos.
A nivel estadual, en cambio, se requiere el 10% de las firmas de los ciudadanos para someter un proyecto de ley a votación (art. 74 Constitución de Baviera). Junto con el proyecto, el primer ministro (gobernador) envía al parlamento sus comentarios a la propuesta en nombre del gobierno. Si el parlamento desaprueba el proyecto presentado, puede someter su propio proyecto a la decisión del pueblo mediante votación. Las iniciativas ciudadanas válidas y admitidas deben ser tratadas por el parlamento durante tres meses y deben someterse a votación del pueblo dentro de los tres meses posteriores a la aprobación por el parlamento.
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Baleares: 10.000
Canarias: 15.000
Cantabria: 10.000
Castilla-La Mancha: 20.000
Castilla y León: 25.000
Cataluña: 50.000 (La Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular regula la institución de la iniciativa legislativa popular en Cataluña, entendida como una pieza clave en el funcionamiento del sistema democrático, esta ley está dictada en el marco establecido por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Algunas ILP importantes de Cataluña han sido la de la Plataforma Prou! para abolir las corridas de toros en Cataluña, tramitada y aprobada, y la impulsada por Som lo que sembrem 6 para prohibir los cultivos transgénicos e investigar sus efectos, rechazada por la mesa del parlamento.
Comunidad Valenciana: 50.000
Extremadura: 45.000
Galicia: 10.000
La Rioja: 6.000
Madrid: 50.000
Murcia: 10.000
Navarra: 7.000
País Vasco: 30.000
Estados Unidos
País con amplia experiencia en iniciativas populares. Mediante este
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alcances
La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular , o también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa;
se trata de la posibilidad amparada en la Constitución, las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos;
dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que se puedan tomar en cuenta por su respectiva cámara legislativa.
Dichas iniciativas pueden tratar asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional
limites
La construcción interpretativa imperante, conectada a la desidia y la desconfianza del propio Legislador han convertido la práctica participativa directa en inapreciable, en cuanto a sus usos y los resultados alcanzados, y, paralelamente, en frustrante para la ciudadanía.
En consecuencia, urge identificar, tras más de 35 años de práctica político-constitucional, las causas que convierten en inoperante a los instrumentos de participación directa definidos en la propia Constitución y proponer las respuestas más adecuadas para la inversión de la tendencia detectada en el modelo democrático español hacia la reducción de la participación política al estrecho campo electoral.