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Obsesionadas con la igualdad, las sociedades modernas dedican una apreciable cantidad de sus energías colectivas a combatir la desigualdad o, al menos, aquellas de sus formas que se juzgan moralmente reprobables, socialmente indeseables y políticamente inaceptables. Los territorios en que se vindica la igualdad –desde la renta y la riqueza hasta la edad, el género o las preferencias sexuales– no han parado de dilatarse a medida que hemos ido produciendo unos órdenes sociales cada vez más igualitarios. Y no hay movimiento social que se precie que no encierre la promesa de un mundo libre de las inicuas desigualdades que sus seguidores se proponen abolir. No es sólo que la consagración jurídica de la igualdad sea una de las piedras de toque de las modernas cartas constitucionales, sino que el valor de la igualdad ha arraigado tan profundamente en nuestras conciencias que ha acabado por incorporarse a los programas políticos de los principales actores de las sociedades contemporáneas. En nuestros días, la discusión sobre los límites tolerables de la desigualdad satura la agenda política hasta el punto de que en ocasiones, como bien sabemos los españoles, esos desvelos merecen la creación de todo un ministerios