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Doce agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, han emitido una declaración conjunta que insta a los Estados miembros a reemplazar la retención obligatoria en centros de tratamiento de personas que hacen uso de opiáceos por servicios sociales y sanitarios voluntarios, basados en pruebas científicas y en sus derechos. Los argumentos a favor de esta postura se clasifican en tres amplias categorías: Los centros de tratamiento obligatorio atentan contra la libertad individual, ponen a las personas en riesgo y no existen pruebas de su eficacia contra la dependencia de opiáceos.
La declaración de las Naciones Unidas enfatiza que, aunque cada país aplica criterios distintos a la hora de enviar a los individuos a los centros de tratamiento obligatorio, es frecuente que la retención se lleve a cabo sin el debido proceso, la seguridad jurídica ni el examen judicial correspondiente, lo que viola claramente las normas de los derechos humanos reconocidas a nivel internacional. Además, las personas internadas en dichos centros se ven expuestas, con frecuencia, a violencia física o sexual, trabajos forzados y condiciones precarias de vida, y es frecuente que se les niegue la atención sanitaria a pesar de ser más vulnerables a la infección por VIH y a la tuberculosis. Por último, no hay ninguna evidencia, de acuerdo con la declaración, de que dichos centros ofrezcan un ambiente propicio para la recuperación de la dependencia a los opiáceos o para la rehabilitación de trabajadores sexuales o de niños que han sufrido explotación sexual, abusos o falta de cuidado y atención.
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Tampoco no se