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La encomienda en Nueva España fue principalmente introducida por Hernán Cortés después de la conquista de Tenochtitlan como forma de “repartir” los indios a distintos conquistadores y colonos. La encomienda fue objeto de las críticas de misioneros y juristas, así como de sucesivas normas que reglamentaban y limitaban su existencia. Entró en decadencia a partir de las Leyes Nuevas de 1542, aunque subsistió por algún tiempo en algunas regiones de frontera. La encomienda de indios procedía de una vieja institución medieval implantada por las órdenes militares en tiempos de la Reconquista. En América, esta institución debió adaptarse a una situación muy diferente y planteó problemas y controversias que no tuvo antes en España.
Como gobernador de La Española, Cristóbal Colón repartió indios entre los españoles, para que trabajaran en sus empresas agropecuarias y mineras, en condiciones muy duras. Bajo el posterior gobierno de Fray Nicolás de Ovando, se introdujo formalmente el repartimiento (como trabajo forzoso, pero teóricamente asalariado). Los indios debían cumplir “como personas libres, como lo son, y no como siervos”[1]
Las denuncias de misioneros y alegatos de los humanistas sobre los abusos y excesos determinaron la aprobación de las Leyes de Burgos (1512), con las que se buscaba que el encomendero tuviera obligaciones de trato justo, retribución equitativa y que evangelizara a los encomendados, bajo la supervisión de los oficiales reales. Esta relativa protección llegó demasiado tarde para muchos grupos indígenas, que entre los malos tratos y las epidemias acabaron casi por extinguirse. Fue esta situación la que llevó a la Corona a adoptar, por razones morales, jurídicas y políticas, la decisión de no otorgar más encomiendas en sus dominios indianos.