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En la mayoría de los casos, las autoridades del Estados son responsables de las violaciones cometidas contra las personas defensoras de los derechos, aunque tengan la obligación, según la Declaración sobre defensores de los derechos humanos, de asegurar su protección.
Por ejemplo, los autores designados con mayor frecuencia son la policía y las fuerzas encargadas de la seguridad del Estado. Además de actos cometidos de manera directa, el Estado puede ser responsable de violaciones de manera indirecta.
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