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l 11 de marzo de 1990, hace ya de 26 años, un movimiento estudiantil decidió movilizar a más de un millón de colombianos que, aprovechando las elecciones legislativas, manifestó su voluntad de cambiar la Constitución a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, organismo que culminó su tarea el 7 de julio del año siguiente con la entrada en vigencia de una nueva Carta de Derechos Políticos que hoy rige en el país.
La nueva Constitución introdujo una serie de nuevos elementos y mecanismos y sustituyó a la que se conoce como la Constitución del `86, que a lo largo de sus más de cien años de vigencia había sido varias veces reformada. La Corte Constitucional fue uno de esos mecanismos novedosos, y sus funciones, descritas en el artículo 241 de la Constitución, consisten en decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformatorios de la Constitución, además de resolver sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendos o nuevas Asambleas Constituyentes para reformar la Constitución, de los referendos sobre leyes, las consultas populares y los plebiscitos del orden nacional, decretos legislativos dictados por el Gobierno, entre otros mecanismos jurídicos que tengan relación con la constitución. Podría decirse en términos generales que la Corte Constitucional tiene la misión de garantizare la prevalencia de lo definido por la Asamblea Nacional Constituyente.
En cumplimiento de esa misión y como consecuencia de otros mecanismos definidos por la nueva constitución como la tutela, y las acciones populares y de grupo, la Corte Constitucional ha debido pronunciarse, entre otros aspectos, sobre lo que se conoce como Derechos Fundamentales, contenidos en el Capítulo I del Título II de la Constitución, denominado De los Derechos, las Garantías y los Deberes. En el presente se hace un análisis del sustento jurídico y el rol de la Corte Constitucional en su papel de amplificadora del catálogo constitucional de derechos fundamentales y de los desarrollos realizados.
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