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Respuesta:
El despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan, lo que ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y minero, principalmente. En el caso de la minería, el otorgamiento de los recursos del subsuelo, propiedad del Estado, es a través de concesiones, que pueden ser en la modalidad de exploración o explotación a favor de empresas nacionales y extranjeras. Han sido las corporaciones canadienses las más interesadas y favorecidas, pues poseen 77% del total de las concesiones otorgadas a inversionistas extranjeros. Sin embargo, existen vastos estudios que muestran que hay una constante en torno a las explotaciones mineras: provocan reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos pues vulneran su autonomía y, por lo general, violentan el derecho a la consulta reconocida en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, signado por México desde 1989, dejando como corolario grandes daños al patrimonio socio-ambiental de los pueblos y del país en su conjunto. Por ello, el respeto a la autonomía, al territorio, al medio ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinente son derechos que alegan los pueblos en las disputas jurídicas para detener el avance de megaproyectos.
Explicación: ESPERO TE SIRVA LO SAQUE DE INTERNET
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El despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan, lo que ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y minero, principalmente. En el caso de la minería, el otorgamiento de los recursos del subsuelo, propiedad del Estado, es a través de concesiones, que pueden ser en la modalidad de exploración o explotación a favor de empresas nacionales y extranjeras. Han sido las corporaciones canadienses las más interesadas y favorecidas, pues poseen 77% del total de las concesiones otorgadas a inversionistas extranjeros. Sin embargo, existen vastos estudios que muestran que hay una constante en torno a las explotaciones mineras: provocan reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos pues vulneran su autonomía y, por lo general, violentan el derecho a la consulta reconocida en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, signado por México desde 1989, dejando como corolario grandes daños al patrimonio socio-ambiental de los pueblos y del país en su conjunto. Por ello, el respeto a la autonomía, al territorio, al medio ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinente son derechos que alegan los pueblos en las disputas jurídicas para detener el avance de megaproyectos.
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