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Respuesta:
La concentración de la propiedad sobre la tierra, la baja productividad de la agricultura y las notables desventajas económicas y sociales de la población rural respecto de la urbana son problemas estructurales que en Colombia no han recibido la atención debida por parte del Estado, los gobiernos y los partidos políticos.
En círculos gremiales y entre algunos académicos, la reforma agraria se considera hoy como una idea anacrónica. Y sin embargo tanto las estadísticas oficiales como estudios recientes ponen en evidencia la extremada desigualdad en el reparto de la tierra, la pobreza de la mayoría de la población rural y sus precarias condiciones de vida -todo lo cual genera condiciones propicias para perpetuar la violencia y para seguir degradando el medio ambiente-.
De acuerdo con los datos examinados por Alberto Valdés para mediados de esta década, Colombia ofrece una elevada participación del sector agropecuario en el conjunto de la economía: 11% frente al 6% en el promedio de los países estudiados. Esta participación contrasta con la asignación de los recursos públicos para el sector: en nuestro caso se situó en el 0,4% en tanto que en el promedio de las economías analizadas fue del 3,3%[1]. Dicha falta de atención fiscal es consecuente con un modelo de desarrollo que promueve el "ascenso imparable" de la agricultura de plantación al mismo tiempo que la mediana y pequeña agricultura se venía desmantelando.
Explicación:
Este proceso, al cual no ha sido ajeno el desplazamiento forzado, hizo pasar al país de la autosuficiencia a la dependencia de los mercados externos en cerca del 50% de sus requerimientos. De esta manera, el llamado "giro de la política agropecuaria"[2] de la pasada década no se tradujo en una recuperación productiva sino en el fortalecimiento económico y político del empresariado de los "cultivos de rendimiento tardío" o agricultura de plantación. Así lo prueba la ampliación de las áreas sembradas en palma africana, banano, cacao y bosques comerciales en desmedro de los cultivos temporales, y con la baja consiguiente en el empleo rural y en la disponibilidad de alimentos mientras crecía el volumen de las importaciones.
La tendencia hacia la concentración de la propiedad agraria que en distintas sociedades ha acompañado al proceso de formación del capital, tiene dos rasgos singulares en el caso colombiano: la apropiación monopólica de la tierra como fuente persistente de poder político, y los procesos sistemáticos de violencia social y política. A estos rasgos se han sumado los efectos de la economía del narcotráfico en las últimas décadas.
Los poderes regionales asociados con el narcotráfico y el latifundio han ampliado su control sobre el Estado, orientando para su propio beneficio la gestión estatal y utilizando recursos públicos para compensar sus bajas rentabilidades relativas. Esta apropiación ilegítima agrava los efectos de la reducida tributación sobre la tierra y la baja participación del sector en el total del gasto público.