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Respuesta:El 6 de enero se cumple un siglo desde que, en medio de una gran guerra civil, la facción carrancista promulgó en Veracruz una ley agraria que sin de verdad proponérselo marcó el comienzo y rumbo de la reforma agraria más extensa en la historia moderna de América Latina. A lo largo de más de siete décadas los gobiernos emanados de la Revolución le dieron cauce a una enorme transformación del orden legal y de la distribución social de la propiedad rural en México. Empujada a ello primero por las exigencias y luchas de nuevas organizaciones campesinas y pronto también por el irresistible atractivo de su potencial clientelista, la Revolución acabó repartiendo mucha tierra, y no sólo mala. El cardenismo (asistido por la Gran Depresión) fraccionó buena parte de las grandes haciendas, demoliendo sin miramientos una longeva institución económica y social que simbolizaba no sólo la consolidación de la propiedad territorial y del poder local desde mediados del siglo XIX, sino también el legado de conquistas, sujeciones y depredaciones virreinales. Para 1991, cuando se enmienda la Constitución para ponerle fin al reparto, más de dos terceras partes de las tierras y los bosques de México habían sido sujetos de la reforma agraria. Mucho hay por debatir acerca de los costos y beneficios, los vicios y virtudes, o las aspiraciones y fracasos del reparto de tierras de la Revolución, pero en cualquier caso lo cierto es que la magnitud de ese cambio institucional en la propiedad territorial es comparable sólo al que se produjo a raíz de la conquista española en el siglo XVI.
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(Coahuila y Durango), el Valle de Mexicali (Baja California), Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas
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me das coronita