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El derecho a la intimidad en España hay que examinarlo desde un triple punto de vista: el del Consejo de Europa, el de la Unión Europea, así como el de los ordenamientos jurídicos nacionales. Estos sistemas de derechos fundamentales se encuentran interrelacionados entre sí, habiéndose generado un diálogo entre tribunales, así como modificaciones del contenido de este derecho fundamental suscep tible de protección dentro del ordenamiento jurídico español.
Palabras Clave: Derecho a la intimidad; Derecho europeo; Tribunal Europeo de Derechos Hu manos; Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ordenamiento jurídico español
El reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales es el estandarte de cualquier sistema democrático estable. A lo largo de los años, este grupo de derechos se ha convertido en una auténtica seña de identidad, y no solo de los Estados, sino también de las Organizaciones Internacionales4, especialmente de dos de las que forma parte España: el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Es importante aclarar una cuestión: todos los países de la UE forman parte del Consejo de Europa, pero no todos los países del Consejo de Europa forman parte de la UE, ya que para ingresar en esta última, es imprescindible cumplir con los requisitos exigidos en la primera, especialmente en el plano económico, político y social.
Los orígenes del Consejo de Europa se debieron, en gran parte, a que después de la IIGM5 se quiso evitar a toda costa que volviese a estallar un conflicto de unas consecuencias humanas, económicas, políticas y sociales tan catastróficas, momento en el que germinó la idea de que era necesario crear una Organización Internacional que evitase futuros problemas bélicos6.
Su creación ha supuesto un gran avance en el ámbito de los derechos fundamentales, ya que además de tener un texto dedicado íntegramente a esta materia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (a partir de ahora CEDH), aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950, se ha pretendido fomentar una unión más estrecha entre los diferentes países miembros para crear un mapa más homogéneo respecto del reconocimiento y protección de este grupo de derechos.
El CEDH es el garante de los derechos fundamentales en el seno del Conse jo de Europa, garantizando todos los derechos recogidos en su texto a todas las personas que se encuentren o que sean ciudadanos de cualquiera de los Estados firmantes7, tal como manifiesta en el artículo 1 que reza: “Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio”.
Por su parte, la Unión Europea es considerada como la única institución que actúa tanto en el sistema interno como en el sistema mundial. Es una Organización Internacional de carácter regional que actualmente está formada por 28 países8 y que en los próximos años posiblemente se verá ampliada9, ya que hay varios países candidatos (Turquía, Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania y Bosnia). Tal como ha definido Concepción Escobar Hernández “la Unión Europea puede ser entendida como una realidad jurídico-política creada por los Estados miem bros para ejecutar en su seno el proceso de integración europea, a través de una pluralidad de mecanismos y métodos de actuación que están sometidos a unos mismos principios y objetivos, y que utilizan una misma estructura institucional básicamente unificada”10.
A pesar de que sus inicios se reducen estrictamente al plano económico, pronto empezó a ampliar sus horizontes, forjando una idea hasta entonces inimaginable en el ámbito internacional: el establecimiento de unas directrices comunes en materia económica, política y social, para lo que se crearon una serie de instituciones que fomentasen la colaboración y la cooperación entre los distintos países.
En los primeros años de esta organización, los derechos fundamentales no constituían uno de sus objetivos prioritarios, a diferencia del Consejo de Euro pa. Los tratados fundacionales de la Comunidad Europea no incluyeron ningún catálogo de derechos fundamentales.
Un punto de inflexión en su desarrollo se produjo con la promulgación del Tratado de Lisboa, el 13 de diciembre de 2007, tras el fracaso de la Constitución Europea de 2004. Este hito en la historia de la Unión Europea ha provocado que vuelva a funcionar mediante Tratados, en vez de establecer un marco constitucional estable y unitario para el conjunto de los Estados miembros.