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El 9 de septiembre se cumplieron 70 años de la sanción de la ley que habilitó a las mujeres a votar en la Argentina. Hasta ese momento la mujer argentina no era un sujeto de derecho político. Sin embargo, ser sujeto de un derecho no alcanza para ejercerlo.
Se necesitaron conquistas posteriores, como la sanción del cupo femenino en 1991, para reducir las barreras de acceso y propiciar una mayor incursión de las mujeres en la actividad política.
Sin embargo, a tantos años de ese hito, las mujeres aún se enfrentan a resistencias y barreras culturales que les impiden alcanzar la igualdad real de oportunidades consagrada constitucionalmente.
La historia
En 1947, a través de la Ley de Voto Femenino, también llamada Ley Evita (Ley 13.010) se incorporó formalmente a las mujeres argentinas en el ámbito político, garantizándoles legalmente el derecho a elegir y ser elegidas. Sin embargo, según el Doctor Pablo Davoli desde 1952 hasta 1993, el promedio de diputadas nacionales fue de 6.33 %, lo que pone en evidencia que, a pesar del derecho a elegir y ser elegidas, operaron preferencias masculinas a la hora de seleccionar las candidaturas.
La ley era el corolario de varias décadas de lucha en las cuales tanto el colectivo feminista como el Partido Socialista habían intentado infructuosamente, aunque sin éxito ampliar el derecho al sufragio, incluyendo a las mujeres.
En 1991, con la sanción de la Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012), la Argentina fue pionera mundial en adoptar una acción afirmativa que exigiera la incorporación de al menos un 30 % de mujeres en las listas de candidatos de todos los partidos políticos.
En los años subsiguientes, la aplicación de la norma tuvo marchas y contramarchas, ya que era resistida por los propios partidos políticos, que aprovecharon la falta de criterios unívocos en su aplicación para interpretarla de un modo acotado. Incluían la menor cantidad posible de mujeres en las listas y en los últimos lugares, o presionaban por la renuncia a la banca antes de asumir. Hubo muchos planteos judiciales, incluso algunos que fueron llevados a cortes de justicia internacionales como el caso de la dirigente de la Unión Cívica Radical María Merciadri de Morini que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Nacional de las Mujeres creado en 1992 (especialmente desde la reforma constitucional de 1994) tuvo un rol muy importante en el patrocinio de estos casos y veló por el correcto cumplimiento de la ley. Sin embargo, la Justicia en estos primeros años también fue adversa a la aplicación del cupo. Estas circunstancias motivaron la sanción de dos decretos reglamentarios – el primero, 379/1993, y el segundo, 1246/2000- que buscaron hacer operativa la ley, evitar los abusos por parte de los partidos y minimizar la cantidad de casos judicializados: entre 1993 y 2003 las Doctoras Lázzaro y Fraquelli contabilizaron 1273 resoluciones de la Cámara Nacional Electoral en la materia.
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