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Estudios detallados en poder del gobierno de Nuevo León revelan que la industria es la principal generadora de contaminantes en la zona metropolitana de Monterrey y que sus emisiones se encuentran consistentemente muy por encima de las normas recomendadas.
Un informe de 55 páginas, elaborado en 2014, durante la administración pasada, muestra cifras puntuales sobre cómo las fábricas y las pedreras son las causantes del elevado nivel de smog en la capital del estado.
Mientras, las emisiones correspondientes a vehículos automotores no violan los límites de tolerancia permitidos, de acuerdo con el informe, denominado “Calidad del Aire: un problema transversal, una solución transversal”, que fue encabezado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno anterior y utilizó cifras de Semarnat, Sagarpa y contó con el apoyo de la Universidad Ehime de Osaka, Japón.
Datos concluyentes
El estudio revela que el principal contaminante en la metrópoli regia son las llamadas PM10 (partículas menores a 10 micras, que son un tipo de polvo). Éste lo producen las pedreras y las industrias, en su mayoría. En el análisis, que abarca los años de 2005 a 2014, los índices de PM10 estuvieron constantemente por encima del rango de tolerancia, en un promedio de 55 por ciento.
En el caso del contaminante PM2.5 (partículas menores a 2.5 micras), generado principalmente por pedreras e industrias del vidrio, los niveles en el ambiente regio estuvieron 84% por encima de la norma, en el mismo periodo.
En cambio, un contaminante en el cual los automóviles se hallan entre los principales generadores, como el Ozono, se ubicó 77% por abajo de la norma de tolerancia.
Estas normas se rigen de acuerdo con estándares internacionales según su impacto en la salud humana.
Pese a las conclusiones del estudio, actualmente Caintra, que agrupa al sector industrial de Nuevo León, inició el lunes pasado la medición de los contaminantes vehiculares.
Especialistas advierten que este proyecto, avalado por la actual administración estatal, apunta a un plan de verificación que se aplicaría con costo a los automovilistas regiomontanos, es decir: un nuevo impuesto.