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Respuesta:
Terrorismo de estado
consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos.
personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento
jurídico proclamado, obstaculiza o anula la
actividad judicial y convierte al gobierno en
agente activo de la lucha por el poder
Proceso ocurrido durante el 1976-1983 Las tres partes de las fuerzas armadas integraron el golpe: el ejercito, la fuerza naval y la fuerza aérea
La dictadura le declaro la guerra a los movimientos guerrilleros
.
Una herida abierta Hoy en día los secuestros, muertes y desapariciones durante la dictadura todavía no están completamente destapados Asociaciones creadas en busca de la verdad
Los crímenes del terrorismo de Estado
Altos”, ha resuelto que la cosa juzgada no puede convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas ni para la prosecución
de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca.
En este sentido, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, no se trata de reasumir la pretensión punitiva en una misma causa y
expediente, respecto de personas que venían siendo juzgadas en la misma
causa: los imputados serán juzgados una única vez, o no serán juzgados
nunca, pero en ningún caso serán juzgados dos veces.
A partir de la inmensa repercusión del fallo se inició una serie de discusiones, tanto en el ámbito de las causas como en el ámbito del derecho. Uno
de los debates gira en torno a la legalidad de estos procesos. Esta es una
de las discusiones fundamentales para el futuro de nuestra democracia
porque es necesario demostrar que la única forma de hacer justicia es de
la mano del respeto de los derechos y garantías.
Los temas que han sido objetados incluyen el tipo de delitos investigados, el efecto retroactivo de las normas que fijan la imprescriptibilidad de
los crímenes y la posibilidad de invocar la cosa juzgada.
En este sentido se ha pronunciado el ex integrante de la Corte Suprema, Gustavo Bossert, destacando que el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida “permitirá que ahora sean juzgados quienes, utilizando estructuras del Estado,
participaron en actos ilícitos en el proceso de represión de actividades subversivas, no obstante haber sido ya objeto de proceso o aun de sobreseimiento en los años ochenta”.35 En la misma nota de opinión destaca que
el principio de imprescriptibilidad es anterior a los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años setenta. Concluyó que las leyes de punto final y obediencia debida “al impedir un juicio justo sobre crímenes de lesa
humanidad, están en contradicción con ellas [las convenciones], por lo
que no pueden válidamente subsistir. En esto se halla comprometida la
responsabilidad internacional del Estado”.
Explicación: