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En julio de 1808 el Ayuntamiento de México recibió una noticia inesperada: el sucesor al trono español Fernando VII y el rey Carlos IV abdicaron la Corona en favor de Napoleón Bonaparte, quien colocó en el trono español a su hermano José. Este suceso sin precedentes trastocó la concepción de los novohispanos sobre el ejercicio del poder y más allá de la coyuntura tan complicada, implicó un hito histórico con alcances a largo plazo que modificaron por completo el panorama político de ambos hemisferios.
Los abogados que conformaban el Ayuntamiento eran letrados ilustrados con una amplia cultura política y conocimiento de las ideas liberales, que desde la Revolución francesa se comenzaron a esparcir por diferentes lugares del mundo, incluyendo a Nueva España a pesar de que los libros que contenían estas ideas estaban prohibidos. Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate, Carlos María de Bustamante y José Miguel Alcocer, por mencionar sólo algunos, formaron parte de un movimiento en contra de la Real Audiencia que prefiguró los conflictos entre novohispanos y españoles que, hacia 1821, culminó con la independencia de México.
La crisis de 1808 llevó tanto a peninsulares como a americanos a crear órganos de gobierno provisionales denominados Juntas locales o provinciales, cuya función en el contexto de la ausencia del monarca era deliberar acerca de la resistencia hacia el invasor francés. Esta situación llevó a los miembros del Ayuntamiento de la capital y de la Real Audiencia a expresar opiniones encontradas sobre la legitimidad de crear órganos de gobierno autónomos. Los primeros consideraban necesario crear una Junta con notables novohispanos, al igual que lo hicieron las provincias de la Península. Los segundos, por el contrario, consideraban que Nueva España continuaba siendo una colonia, y por lo tanto debía seguir subordinándose a las decisiones que se tomaban al otro lado del Atlántico. Con el apoyo del virrey José de Iturrigaray, los miembros de la Real Audiencia eran un obstáculo impenetrable para quienes tenían intenciones autonomistas.
Ante esta situación, la noche del 15 de septiembre del mismo año más de 300 personas participaron en un motín en contra del virrey que provocó su destitución además de que aprehendieron a su familia. El golpe de Estado de 1808 en Nueva España fue llevado a cabo principalmente por los comerciantes de la ciudad, encabezados por el hacendado Gabriel de Yermo. Éstos tuvieron el apoyo del Ayuntamiento, así como de algunos altos eclesiásticos como el arzobispo Francisco Xavier de Lizana y el inquisidor Isidro Sáenz de Alfaro.
Las autoridades se reunieron para definir la situación inédita que enfrentaban, y decidieron desconocer a Iturrigaray y nombrar a Pedro Garibay como nuevo virrey; además decretaron la prisión de los miembros más connotados del Ayuntamiento de la ciudad e hicieron una proclama pública donde reconocían que la destitución del virrey era resultado de un movimiento ""popular"". La actitud contradictoria de reconocer la destitución al tiempo que actuaban en contra del Ayuntamiento y reconocían las facultades del pueblo para derrocar a su gobernante dejó claro a los súbditos novohispanos que las autoridades peninsulares de Nueva España actuaban ilegítimamente con tal de mantener su poder.
A largo plazo, la crisis y el golpe de Estado de 1808 puso de manifiesto que la transformación radical del orden político en el que Nueva España era una colonia subordinada, podía romperse y de que las ideas autonomistas tenían un trasfondo legítimo, como manifestación de las aspiraciones populares. Los autonomistas, que después optaron por la lucha por la independencia, se nutrieron de diversas experiencias que definieron estrategias para alcanzar el anhelo de separarse de España autogobernarse; por eso los hechos de 1808 fueron tan trascendentes en el proceso de la independencia de México.
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