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La libertad, definida como la “facultad de obrar de una manera u otra, y de no obrar”, es inmanente a la condición humana, propia de cada persona, con la que nace y desaparece. Por ser una facultad que depende de la libre voluntad de cada persona, confiere a ésta el decoro y dignidad que fundamentan sus derechos. Por esto, cualquier actividad, por modesta que sea, dignifica cuando se realiza con libertad. La libertad es indispensable para el arte, la ciencia, la filosofía, la religión y para todas las actividades humanas; sin ella, pierden grandeza y creatividad. Sin embargo, la libertad está limitada por la libertad y los derechos de las otras personas. Esta es la razón para que se necesite que sea regulada sabiamente por las leyes y se ciña a la justicia. La justicia es otro de los grandes valores de la vida humana. Se dice que es la “virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que le pertenece” y que es, además, “lo que debe hacerse según la razón o derecho”. La justicia se fundamenta en la equidad y su acción abarca a todas las actividades humanas. Es una creación social de muy difícil aplicación, especialmente, en el ámbito de las relaciones laborales, porque el abuso de un patrono no sólo que daña la equidad sino que afecta la paz social, y las exigencias desmedidas de los trabajadores pueden terminar con su fuente de empleo. Lograr una fecunda armonía entre la libertad y la justicia constituye seguramente la prueba más difícil para la sabiduría de los legisladores, que establecen en las leyes los límites para el ejercicio de la libertad y de la justicia, sin que se menoscaben los efectos creadores y liberadores de la libertad. Por esto, cuando para favorecer o perjudicar a alguien, se produce el contubernio de quienes elaboran las leyes con quienes las aplican, los efectos sobre la armonía y la paz social, son devastadores. Por esta razón es imperativo que exista independencia entre las Funciones Legislativa y Ejecutiva y más aún en relación a la Corte Constitucional, responsable de determinar la constitucionalidad de las leyes. Si bien la libertad y la justicia contribuyen decisivamente a establecer y mantener la paz -indispensable para que la sociedad disfrute de la mayor felicidad posible y pueda progresar-, no siempre las organizaciones políticas y de otros tipos respetan las leyes y renuncian a la violencia, inclusive a la toma del poder por la fuerza. Cuando esto ocurre, los gobiernos tienen el legítimo derecho de emplear la fuerza pública; pero, para no ser contraproducentes, han de obrar en el marco del ordenamiento legal republicano.