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Respuesta:
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos.
El 19 de abril, tomó posesión en Cuba un nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro. Castro continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional.
El 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta de reforma constitucional, que está previsto sea sometida a referéndum nacional el 24 de febrero de 2019. La nueva constitución, que reemplazaría a la adoptada en 1976, eliminaría el objetivo de “edificar la sociedad comunista”, pero mantendría el reconocimiento del Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización independiente de derechos humanos que es considerada ilegal por el gobierno.
La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en 2018, y entre enero y agosto fue de 2.024. Esto supone una reducción del 45% respecto de los 3.706 casos informados en ese mismo período en 2017.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (la organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
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El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos.