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Respuesta:
Los gobiernos nacionales no han definido una política de Estado favorable para el desarrollo económico de la Amazonia, en armonía con los objetivos ambientales. Los suelos frágiles de estos territorios requieren instrumentos económicos, financieros y técnicos que hagan viable su uso. Las fuerzas ilegales han agudizado y distorsionado la limitada intervención del Gobierno.
Se requiere infraestructura vial, pero los fines de conservación exigen inversión con compensaciones sociales y ambientales, que eviten la degradación derivada de tales vías.
La innovación tecnológica sólo puede darse con inversiones significativas, que tengan continuidad y hagan óptima su orientación. Pero lo que ocurre es que las entidades públicas no han interpretado el desarrollo rural como se requiere, sino que siguen teniendo aproximaciones propias de otras regiones.
Los sectores como el turismo también deben recibir incentivos, como lo ha tenido la construcción de hoteles. El gobierno nacional debe apoyar la democratización de la propiedad y de la capacidad de inversión de capital, a través de asociaciones y empresas”