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Dichas condiciones dificultan la aplicación de cualquiera de las medidas de prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En campos sobre-ocupados, donde el agua potable es un bien escaso y los recursos materiales son reducidos, la higiene personal o el mantenimiento de la distancia social son imposibles. El acceso a los recursos médicos es también limitado, y aunque las autoridades griegas se han comprometido a hacer tests a todas las personas residentes en los asentamientos se hace difícil pensar cómo serán tratadas médicamente las que estén enfermas (en toda la isla de Lesbos hay disponibles seis camas UCI) o cómo se evitará que el contagio se expanda en estos espacios. En algunos campos, la iniciativa la han tenido que tomar las propias personas refugiadas (con las limitaciones evidentes en recursos y materiales) ante la inacción de las autoridades.

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Respuestas

Respuesta dada por: oletty637
1

Respuesta: pensé que si era una pregunta ._.

Explicación:


claudiadelfin57: JAJAJ
Respuesta dada por: gabichaleona
0

Respuesta:

La crisis del Covid-19 ha cambiado los parámetros de los movimientos humanos. En estos momentos, el 93% de la población mundial vive en países con algún tipo de restricción sobre la movilidad de las personas, lo que es una anomalía en términos históricos. Pero la expansión de la pandemia no sólo ha impactado en el movimiento de las personas, sino también en las poblaciones en movimiento. De entre ellas, este análisis quiere prestar atención a los que habían salido de sus territorios de origen buscando protección internacional ante las vulneraciones de seguridad, derechos y libertades que sufrían, y se han encontrado bloqueadas en los asentamientos de refugiados en Grecia.

Antes de entrar en este momento de restricciones, la frontera greco-turca se había convertido en un polvorín en el que las fuerzas policiales de ambos lados disparaban, azuzaban y perseguían a las personas refugiadas, que se habían convertido en un peón prescindible de una lamentable operación de chantaje político. Ahora, aunque no aparezcan en las noticias, su situación no ha dejado de empeorar; y la expansión del Covid-19 en estos espacios de confinamiento, con graves carencias en términos de salubridad y condiciones de vida, no parece que vaya a mejorarla.

Explicación:

Durante la segunda quincena de marzo, se detectó en el campo de Moria en Lesbos, el primer caso de persona con la enfermedad, lo que generó el pánico y la tensión en una instalación precaria en la que viven cerca de 20.000 personas (la mitad de ellas, menores), que vino a sumarse a las carencias de comida y de atención médica provocadas por los violentos ataques xenófobos que habían tenido lugar cerca del campo los días anteriores. En el asentamiento de Ritsona se detectó el primer caso en una mujer de 19 años ingresada para dar a luz, y el 2 de abril se decretó el confinamiento completo del asentamiento, situado en el nordeste de Ática y en el que malviven cerca de 3.000 personas refugiadas. El campo de Malaka, a 40 kilómetros de Atenas, también se puso en cuarentena desde el 5 de abril por la detección de otro caso. Las nuevas medidas impiden la entrada y salida de estos espacios de confinamiento, en los que tan solo pueden entrar personal médico y las personas que trabajan en los mismos. En estos momentos, unas 40.000 personas solicitantes de protección internacional viven en alguno de los asentamientos de refugiados que existen en Grecia, en unas condiciones que ya se habían denunciado como pésimas desde hacía tiempo.  

Dichas condiciones dificultan la aplicación de cualquiera de las medidas de prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En campos sobre-ocupados, donde el agua potable es un bien escaso y los recursos materiales son reducidos, la higiene personal o el mantenimiento de la distancia social son imposibles. El acceso a los recursos médicos es también limitado, y aunque las autoridades griegas se han comprometido a hacer tests a todas las personas residentes en los asentamientos se hace difícil pensar cómo serán tratadas médicamente las que estén enfermas (en toda la isla de Lesbos hay disponibles seis camas UCI) o cómo se evitará que el contagio se expanda en estos espacios. En algunos campos, la iniciativa la han tenido que tomar las propias personas refugiadas (con las limitaciones evidentes en recursos y materiales) ante la inacción de las autoridades.

A finales de marzo, el Parlamento Europeo mandó una carta al comisario Janez Lenarčič, responsable del Comité de Coordinación de Crisis, para pedir una «respuesta inmediata» de los estados miembros y evitar, así, una crisis humanitaria (mayor) en las islas griegas debido al coronavirus. En la misma se pedía que se llevara a cabo una evacuación preventiva de las personas mayores de 60 años o con enfermedades respiratorias o crónicas; que se dotaran de recursos extra las unidades de hospitalización y curas intensivas, o que se mantuvieran los programas de reubicación, especialmente de menores no acompañados.

Hasta la fecha, Luxemburgo se ha comprometido a atender a 11 menores, Alemania y Francia hablan de acoger entre 300 y 350, Bulgaria a 50, Irlanda a 36 y Lituania a dos. Finlandia también ha anunciado que participará en la reubicación de 175 menores desde Grecia, Chipre, Italia y Malta, y Croacia, Portugal y Bélgica también se han mostrado dispuestos, sin dar cifras ni calendario.

De nuevo, la voz europea se fragmenta en las decisiones nacionales, reforzándose la lógica de que, también en tiempos de crisis, la gestión de las cuestiones de inmigración y asilo avanza más por la vía intergubernamental que por la comunitaria. La falta de una respuesta común y coordinada pone de relieve que, en tiempos de coronavirus, la Unión Europea sigue sin avanzar, tampoco en materia migratoria, en soluciones compartidas basadas en la solidaridad y el apoyo mutuo.

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