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Era aproximadamente la 1 de la mañana del 2 de agosto de 1997.
Cuando escuchó que quebraron un vidrio de la ventana de la sala, Luis Alberto abrió la puerta. Tenía 37 años y en ese momento se desempeñaba como presidente del Comité de Derechos Humanos, miembro de la Junta Cívica y profesor de ciencias naturales en el colegio Ignacio Yepes Yepes. Los visitantes, que portaban armamento largo y uniformes militares, entraron preguntando por armas: “¿Cuáles armas? Yo no tengo ningunas armas”, respondió Alberto.
Margarita también se levantó y fue a la sala. Los hombres, que entraron por la puerta principal y también por el patio trasero, le ordenaron que sacara todo lo que tenía en un chifonier, donde supuestamente guardaban las armas. Entre tanto, le ordenaron a Luis Alberto a que se vistiera para que los acompañara, pues estaba en pantaloneta. El niño estuvo todo el tiempo junto a él, observando en completo silencio. Padre e hijo se despidieron, pero la esposa no pudo hacerlo.
Para ese momento, los hombres armados ya habían recorrido varias calles de Remedios y allanado once casas de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de algunos habitantes, a quienes asociaban con las guerrillas que estaban asentadas en la región. Se llevaron forzadamente a ocho personas esa noche.
Según Fernando Álvarez, representante legal de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna), los hombres eran integrantes del Grupo Autodefensas del Nordeste (GAN), que se constituyó, según este líder social, el 2 de enero de 1997 y estaba integrada por jóvenes de una convivir de Medellín que se trasladaron a Remedios y Segovia para cumplir su misión criminal hasta septiembre de ese mismo año.
El objetivo del GAN era erradicar el pensamiento y la acción colectiva de miembros de la Unión Patriótica (UP), organizaciones de derechos humanos y movimientos sindicales, juntas de acción comunal y demás entidades que tuvieran vínculos con activistas de izquierda, a través del desplazamiento forzado y el asesinato. Así lo señala el informe “Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y Segovia, 1982-1997” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Cuando escuchó que quebraron un vidrio de la ventana de la sala, Luis Alberto abrió la puerta. Tenía 37 años y en ese momento se desempeñaba como presidente del Comité de Derechos Humanos, miembro de la Junta Cívica y profesor de ciencias naturales en el colegio Ignacio Yepes Yepes. Los visitantes, que portaban armamento largo y uniformes militares, entraron preguntando por armas: “¿Cuáles armas? Yo no tengo ningunas armas”, respondió Alberto.
Margarita también se levantó y fue a la sala. Los hombres, que entraron por la puerta principal y también por el patio trasero, le ordenaron que sacara todo lo que tenía en un chifonier, donde supuestamente guardaban las armas. Entre tanto, le ordenaron a Luis Alberto a que se vistiera para que los acompañara, pues estaba en pantaloneta. El niño estuvo todo el tiempo junto a él, observando en completo silencio. Padre e hijo se despidieron, pero la esposa no pudo hacerlo.
Para ese momento, los hombres armados ya habían recorrido varias calles de Remedios y allanado once casas de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de algunos habitantes, a quienes asociaban con las guerrillas que estaban asentadas en la región. Se llevaron forzadamente a ocho personas esa noche.
Según Fernando Álvarez, representante legal de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna), los hombres eran integrantes del Grupo Autodefensas del Nordeste (GAN), que se constituyó, según este líder social, el 2 de enero de 1997 y estaba integrada por jóvenes de una convivir de Medellín que se trasladaron a Remedios y Segovia para cumplir su misión criminal hasta septiembre de ese mismo año.
El objetivo del GAN era erradicar el pensamiento y la acción colectiva de miembros de la Unión Patriótica (UP), organizaciones de derechos humanos y movimientos sindicales, juntas de acción comunal y demás entidades que tuvieran vínculos con activistas de izquierda, a través del desplazamiento forzado y el asesinato. Así lo señala el informe “Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y Segovia, 1982-1997” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Anónimo:
Gracias, pero todo eso ya aparece en una pagina xd
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