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Tras ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, la ley de financiamiento de 2018, hoy conocida como de crecimiento, fue nuevamente aprobada en sesiones extra en el Congreso. En ella se centran muchas de las expectativas para 2020, en especial, porque al reducir los impuestos corporativos el Gobierno les pasa el balón a las empresas, para que empujen el crecimiento. No obstante, no hay consenso sobre los beneficios de la nueva ley y algunos le ven más defectos que cualidades.
Lo bueno
Fomenta el crecimiento y la inversión privada, gracias a la rebaja de impuestos corporativos. Se lograron mantener las reglas de juego, el espíritu de fortalecimiento de la Dian y el régimen simple para formalizar pequeños negocios, propuestas que venían desde la ley de financiamiento.
Se evitó un duro golpe a la gobernabilidad de la administración Duque en caso de no haber aprobado la Ley. Adicionalmente, el proceso de aprobación sirvió para que el Gobierno se diera cuenta de que debe buscar alianzas importantes para mejorar su gobernabilidad. La devolución del IVA para las familias más vulnerables ayuda a la progresividad del esquema tributario.
Lo malo
Aumentó aún más el déficit fiscal esperado a partir de 2021, tras dar concesiones en medio de las protestas sociales. En particular, es malo, desde el lado fiscal, haber implementado la devolución del IVA a la población de menores ingresos sin su contrapartida de ampliar la base gravable. No ataca eficientemente la evasión.
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El menor recaudo proyectado hace más difícil la consecución de los objetivos fiscales. Continúan las múltiples exenciones y no se eliminó el impuesto al patrimonio, que muchos tachan de antitécnico.
No es estructural y el país necesita políticas orientadas a una mayor equidad tributaria.
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