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Durante el siglo XIX los gobiernos liberales dictaron leyes que favorecieron el despojo de tierras de las comunidades indígenas. Más tarde, Porfirio Díaz promulgó nuevas leyes para colonizar terrenos desocupados pero aprovechó para engañar a los campesinos y quitarles sus dotaciones de agua y sus mejores tierras. Los abusos que se cometieron ocasionaron constantes rebeliones. Por ejemplo la de los indígenas yaquis de Sonora, que eran excelentes agricultores y pastores, y que se levantaron en armas en defensa de sus tierras; lucharon por muchos años pero resultaron vencidos por el ejército y, en castigo, familias enteras fueron enviadas a Yucatán, a los campos de trabajos forzados, donde la mayoría murió a causa del maltrato, el clima y la labor extenuante.
Las tierras arrebatadas a los indígenas pasaron a formar parte de las haciendas, enormes extensiones de terreno dedicadas a la agricultura o a la ganadería.
Las haciendas necesitaban muchos trabajadores, de manera que pueblos enteros, que habían perdido sus tierras, se veían en la necesidad de laborar ahí, a cambio de unos cuantos centavos por día. Incluso había campesinos que tenían que pagar renta a la hacienda por tierras de cultivo que antes fueron suyas.
En el sur de México la población era muy escasa y había pocos campesinos que la hacienda pudiera contratar.
Surgió así la costumbre de comprar como esclavos a indígenas rebeldes y a prisioneros sacados de las cárceles de todo el país. La venta de esclavos resultó un gran negocio para las autoridades que la permitían.
Los capataces vigilaban el trabajo de los peones ayudados por una policía especial, contratada por la hacienda que era conocida como guardia rural. Frecuentemente en las haciendas no se pagaban los salarios con dinero sino con vales que se canjeaban en la tienda de raya por alimentos, velas, manta para ropa y cobijas.
En estas tiendas se aumentaba el precio de los productos y como generalmente el trabajador no sabía leer ni escribir se alteraban las cuentas, por lo que siempre quedaba debiendo. Las deudas pasaban de padres a hijos y si alguien intentaba escapar, la guardia rural lo devolvía después de castigarlo.
La mayoría de los propietarios de haciendas eran mexicanos muy ricos que vivían en la ciudad y mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero. De vez en cuando visitaban sus propiedades en el campo, y por eso la hacienda tenía una casa amplía, bien protegida y con capilla propia. Además contaba con casas para los administradores, dormitorios para los criados y los peones, caballerizas, graneros, instalaciones con maquinaria y una cárcel.
En las ciudades, al igual que en el campo, el descontento era muy grande. Los obreros tenían que trabajar jornadas de más de catorce horas para recibir un sueldo que no alcanzaba para nada. El trabajo era inseguro y los mejores puestos y los salarios más altos eran obtenidos por técnicos extranjeros. Los niños, en vez de asistir a la escuela, se contrataban en las fábricas para ayudar un poco a sus familias.
Los vendedores callejeros, los artesanos, los dueños de pequeños comercios, los empleados y los profesionistas también la pasaban mal, y pobres de aquellos que expresaran públicamente sus protestas, la policía se encargaba de acallarlos. Los periodistas, especialmente, sufrían castigos y cárcel si criticaban la situación política.
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