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Una de las grandes novedades en estos últimos 30 años de vida democrática es sin duda la importante presencia que han adquirido los movimientos sociales en la política nacional. Es innegable, en este sentido, que la democratización implicó un crecimiento de nuevos actores no institucionales con itinerarios más o menos formales de organización y con demandas de diverso tipo que impactan en el espacio público y en la política institucional (sistema político y agencias estatales).
Al mismo tiempo, la vitalidad política de los movimientos sociales desde la transición tiene como contracara un sostenido proceso de desafección respecto de los actores tradicionales que operaron como vías de representación política en el país a lo largo del siglo XX (partidos políticos y sindicatos). Si comparamos el escenario político de la transición con el actual, es innegable que se han transformado sustantivamente los modos de participación política de la ciudadanía. Precisamente, la transición democrática implicó un proceso de fuerte activación de la política partidaria y sindical. Los actos de cierre de campaña de los dos principales partidos en 1983 movilizaron cerca de tres millones de personas y los niveles de afiliación de los votantes en ese momento eran elevados. Del mismo modo, la conflictividad sindical frente al deterioro de las condiciones de vida durante el primer gobierno democrático daba cuenta de la importancia de ese otro significativo actor de la política nacional. Sin embargo, ya con claridad desde el año 1987 en adelante, puede observarse que esos actores tradicionales iban perdiendo progresivamente la capacidad de expresar un conjunto de nuevas demandas que fueron surgiendo en los años sucesivos como verdaderos malestares de la democracia.
Espero que te sirva ;)
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Los movimientos sociales surgen estrechamente vinculados a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Se enfocan en demandas que no son reconocidas o que son ignoradas por los canales políticos institucionales. Constituyen un contrapoder frente a las fuerzas sociales y políticas establecidas, actúan como fuerzas sociales con una capacidad crítica ausente en los demás actores políticos. Constituyen comunidades reflexivas y deliberativas que ejercen su derecho a participar en las decisiones que afectan los intereses comunitarios, más allá de la represión y el olvido calculado.