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La declaración de autonomía de Santiago del Estero, ocurrida el 27 de abril de 1820, fue un manifiesto en el cual los ciudadanos de la Tenencia de gobierno
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Producida la revolución de mayo y realizado el pasaje del pacto de sujeción al pacto social para fundamentar el derecho a la emancipación, surgió otro conflicto en torno a la discusión sobre la existencia de una o de varias soberanías. Desde Buenos Aires, la afirmación de una única soberanía como depositaria del pacto social, llevó a la consolidación de una tendencia centralista o unitaria que se contraponía a la sustentada desde el interior del ex Virreinato, que argumentaba la existencia de tantas soberanías como pueblos interiores existían.
Teniendo en cuenta las categorías usadas en la época, la expresión ‘los pueblos’ hacía referencia a las ciudades convocadas por la Primera Junta a participar a través de sus cabildos. ‘Los pueblos’ designaban a las comunidades, a las futuras provincias y también a las ciudades, con sentido político, no territorial. En general implicaba la pertenencia a un grupo humano con lazos comunes, a una colectividad.
Desde el inicio de la revolución coexistieron conflictivamente las soberanías de las ciudades con la de los gobiernos centrales que trataban de delimitar una soberanía única. De allí es que resulta confuso discernir cuáles eran las pretensiones de los pueblos al autogobierno y cuáles procesos que podríamos denominar autonómicos.
En las luchas autonómicas en la provincia de Santiago del Estero podemos distinguir dos momentos. El primero, correspondiente al movimiento encabezado por Juan Francisco Borges, a partir de 1814, y el segundo el liderado por Juan Felipe Ibarra en 1820. Ambos en consonancia con dos etapas diferentes en los que distintos sectores de las élites dirigentes pujaban por conservar espacios de poder y afianzarse en ellos.
En el primero, fueron las antiguas familias afincadas en la capital provinciana, funcionarios del nuevo cabildo surgido a partir de la revolución de mayo integrado por comerciantes y propietarios de tierras cercanas a la capital, con acceso al riego del río Dulce, cuya posesión les venía del pasado colonial. Fueron precisamente estas élites las que se vieron más afectadas, en la primera década revolucionaria, por las consecuencias de la revolución. Como lo señala Tulio Halperin Donghi en Revolución y guerra, su decadencia se precipitó como consecuencia de la ruina del comercio altoperuano, la escasez de mano de obra, por cuanto los hombres útiles eran reclutados por los ejércitos revolucionarios, y la falta de recursos para su reconstrucción.
Contrariamente, el sector ganadero, con propiedades cercanas a la frontera con el indio en las márgenes del río Salado, fue el que menos sufrió los avatares de la revolución. Si bien contribuía con su ganado a los ejércitos patriotas, la coyuntura económica le resultaba favorable como consecuencia de la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio libre y la ruina de la ganadería del litoral que trajo como aparejada la demanda de cueros santiagueños.
Frente a esta situación imperante, el cambio del equilibrio político local era inminente ya que la hegemonía de la capital y de los sectores propietarios de las tierras irrigadas del Dulce y funcionarios del cabildo se veía seriamente amenazada.
Esto se agudizó cuando unificado el gobierno nacional en 1814 en la figura de un Director Supremo, el primero en ocupar este cargo, Gervasio Antonio de Posadas, el 8 de octubre suscribió un decreto por el que dividía la antigua Gobernación Intendencia de Salta en dos gobernaciones: Salta, con capital en Salta, e integrada por las provincias de Salta y Jujuy, y Tucumán con capital en San Miguel, conformada por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. La consecuencia inmediata fue el comienzo de la lucha de Santiago del Estero -nuevamente considerada subalterna- por independizarse de la cabecera tucumana.
Desde enero de 1815 era teniente de gobernador de la provincia, Pedro Domingo Isnardi, simpatizante de la causa del denominado precursor de la autonomía santiagueña, Juan Francisco Borges. En abril, el gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz depuso a Isnardi de su cargo y designó jefe militar al comandante Antonio María Taboada, que apoyaba su gestión. Tanto el cabildo como las milicias locales no aprobaban esta designación y convocaron a un cabildo abierto que envió un petitorio al Director Supremo, expresándole que estaban dispuestos a sostener a su teniente gobernador ya que, decían “… no tuvimos un día más amargo que aquel aciago en que se estableció Tucumán en cabeza de provincia y se nos sometió a este Gobierno bajo el cuál no hemos experimentado otra cosa que vejaciones, insultos y despotismos”. El nuevo jefe del ejecutivo, Álvarez Thomas, contestó al ayuntamiento solicitándole que tuviese resignación para esperar que, una vez que se reuniera el Congreso General -que iba a congregarse en Tucumán al año siguiente-, resolviese en forma definitiva la forma de gobierno que conviniera a todos los pueblos.
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