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En el derecho internacional de los derechos humanos, todo
acto o medida que tienda a impedir, de cualquier manera,
hacer efectiva la labor de defensores y defensoras, se
considera un ataque directo a la defensa de los derechos
humanos, cuya protección incumbe primordial mente al Estado
por derivarse de su responsabilidad de proteger todos los
derechos humanos. La Constitución ,
, reconoce el derecho y el deber de toda persona de
cumplir responsabilidades sociales y participar solidariamente
en la vida política, civil y comunitaria, con el fin de promover y
defender los derechos humanos.
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