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28 de noviembre de 1804
La medida afecta tanto a la Iglesia como a los principales sectores productivos del virreinato (agricultura, minería, manufacturas y pequeño comercio), y en particular a los agricultores, pues la mayoría de los ranchos y haciendas están gravados con hipotecas y censos eclesiásticos, ya que los propietarios tienen que cubrir estos gravámenes a plazo corto, para que ese capital se envié a la metrópoli. Inclusive los trabajadores vinculados con las actividades productivas son afectados. Sólo quedan parcialmente a salvo los más ricos que son mayoritariamente peninsulares. Esta es una más de las medidas adoptadas por la dinastía de los Borbones para sujetar a las colonias para beneficio económico de la metrópoli: corregir las fugas fiscales y promover la producción, especialmente de la plata, para aumentar la recaudación de impuestos.
Años antes, la Corona Española redujo el poder del Arzobispado de México, limitó las funciones de los obispos y prohibió la intervención del clero en la redacción de testamentos civiles. Pero las reformas borbónicas más profundas tuvieron lugar durante el reinado de Carlos III, entre otras: la creación de las Intendencias que había mermado el poder del virrey y de la Real Audiencia; la apertura del comercio había afectado al Consulado de Comerciantes de la ciudad de México, que acaparaba el comercio exterior e interior del virreinato por medio del sistema de flotas y del control de los puertos. Asimismo, al suprimir el régimen municipal se había dislocado el comercio interior, ya que los Alcaldes Mayores, también mercaderes, aunque con abuso y corrupción, realizaban importantes funciones de crédito (en efectivo y en especie como semillas y herramientas) y comercialización, las cuales les permitían controlar los productos que las comunidades indígenas destinaban al mercado, descontado su autoconsumo. Además, había pasado a la Corona la casa de moneda, lo que también había mermado las ganancias de los comerciantes en beneficio de la monarquía. Pero la situación más grave para los comerciantes novohispanos fue cuando el 28 de febrero de 1789, el nuevo rey Carlos IV expidió el Reglamento del Comercio Libre, que antes comprendía sólo las Antillas, Perú y Nueva Granada, para también extender el libre comercio al virreinato de la Nueva España. El libre comercio hizo crecer el tráfico comercial y por ende la recaudación fiscal de las alcabalas.
La nueva Cédula Real acrecentará el conflicto entre los peninsulares privilegiados, llegados de la metrópoli para ocupar los principales puestos públicos y aumentar la recaudación, llamados despectivamente gachupines, y los españoles y criollos que carecen de esos privilegios. En 1808, al darse la invasión napoleónica de España, los criollos de la ciudad de México, encabezados por el ayuntamiento, tratarán de ganar la participación política y serán reprimidos; pero mediante nuevas conjuras, finalmente, junto con indígenas y castas, iniciarán la guerra de independencia.
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