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Tras más de 50 años de guerra, Colombia es uno de los países con el conflicto más largo en la historia y, en consecuencia, uno de los países con mayor número de procesos de justicia transicional que se pueden rastrear, incluso, desde la creación de la Oficina de Rehabilitación y Socorro y el Plan de Rehabilitación para recuperar las zonas más afectadas durante la época de la violencia por parte del gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo, solo hasta la primera década del 2000, después de la creación de la Corte Penal Internacional, se asumen obligaciones para los Estados en procesos de transición, comprendidos bajo los parámetros irrenunciables de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En este sentido, se puede afirmar que Colombia ha tenido hasta la fecha dos procesos transicionales sujetos de comparación desde la perspectiva de lo que conocemos como justicia transicional: el adelantado para el desarme de los paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y el que llevó a la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ambos casos se dio vida a mecanismos que buscaron ajustarse a las obligaciones en la materia, siendo, sin duda, el proceso con las FARC mucho más ambicioso.
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