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La cuestión religiosa en la Revolución Francesa tuvo dos aspectos uno ideológico y otra socioeconómico, estrechamente unidos. La Ilustración siempre había abogado por una profunda reforma de la Iglesia para evitar su poder en la cultura, la educación y las mentalidades, y para ponerla al servicio del Estado, aspecto con el que coincidía, en parte, con la tradicional política de la Corona francesa (galicanismo). Pero esa reforma tenía que ver, además, con la nacionalización de los bienes del clero, algo más novedoso y vinculado ya claramente con los revolucionarios. A cambio, el Estado debería sostener a la Iglesia. La nacionalización de los bienes debía conducir a la venta de los mismos para aliviar la profunda crisis financiera del Estado, heredada del Antiguo Régimen. Esas ventas, por lo demás, afianzarían el poder de la burguesía, con evidente hambre de tierra. Esta dimensión económica y social, puesta en marcha en la Asamblea Constituyente, fue seguida en el resto de los países católicos cuando emprendieron sus respectivas Revoluciones liberales, como en muchos Estados italianos o en España con las desamortizaciones. Los revolucionarios también decretaron la abolición del diezmo, la base fiscal fundamental de la Iglesia.