Respuestas
Respuesta:
En la medida en que el Estado es el garante de los derechos humanos, los agentes del Estado son los que cometen violaciones de los mismos. “Cuando el Estado, a través de alguno de sus agentes, incumple sus obligaciones en derechos humanos, eso se considera una violación de derechos humanos y ahí el responsable es el Estado. Por tanto, cuando un carabinero es agredido lo que se afecta es su integridad personal, su vida, etc., y para eso, en una sociedad democrática como la chilena, hay instrumentos penales e institucionales para que quien agrede a un carabinero sea debidamente sancionado”, explica el académico.
Explicación:
Respuesta:
En la mayoría de los casos, las autoridades del Estados son responsables de las violaciones cometidas contra las personas defensoras de los derechos, aunque tengan la obligación, según la Declaración sobre defensores de los derechos humanos, de asegurar su protección.
Por ejemplo, los autores designados con mayor frecuencia son la policía y las fuerzas encargadas de la seguridad del Estado. De hecho, son responsables de numerosas detenciones arbitrarias, escuchas ilegales o de violencias físicas cometidas durante manifestaciones pacíficas o durante allanamientos.
Asimismo, cuando la legislación es mal aplicada o desviada para impedir las acciones de las personas defensoras (lo cual se suele ver con casos donde se aplican las llamadas medidas “de seguridad”), las autoridades civiles del Estado, encargadas de la aplicación de dichas reglas, se convierten en los principales responsables de estas violaciones.
Además de actos cometidos de manera directa, el Estado puede ser responsable de violaciones de manera indirecta. Por ejemplo, por cada violación de los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de investigar los hechos, de ofrecer una protección temporal a la persona defensora de los derechos humanos y al enjuiciar a los responsables.
Cuando los Estados no cumplen con estas obligaciones, violan los derechos de los defensores y de las defensoras. Es el caso, por ejemplo cuando las fuerzas policiales se niegan a tomar el testimonio de una persona defensora o cuando los tribunales rechazan el inicio de un procedimiento contra los responsables presuntos de violaciones de derechos humanos.
La inacción del Estado conduce a un sentimiento de impunidad por parte de los responsables y autores de las violaciones, lo que incentiva de forma insidiosa a perpetrar más violaciones contra las personas defensoras de los derechos humanos.