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Las acciones dirigidas a compañías en situación de insolvencia e incentivos fiscales específicos para las empresas de menor tamaño contribuirían a aliviar los efectos de la crisis y a relanzar la actividad de los sectores más dañados.
Insuficientes y sin previsión a largo plazo. Ésta es la crítica que diferentes agentes económicos lanzan sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para aliviar los efectos de la crisis del Covid-19 sobre las empresas, especialmente entre las que quedarán más dañadas: pymes y autónomos.
Ante este panorama, distintos colectivos jurídicos y económicos han realizado un análisis de las necesidades actuales y futuras de las empresas y proponen medidas pensando, especialmente, en cómo afrontar los meses posteriores a la actual situación de crisis sanitaria.
Uno de los focos de atención se centra en la cantidad de concursos de acreedores que se prevén estos meses por la caída de la actividad y el negocio de las compañías. Por ello, ahora más que nunca, se hace necesaria esa actualización de la ley concursal que vienen reclamando desde hace tiempo asociaciones como el Registro de Auditores Judiciales (RAJ). "La reforma de la norma resulta ahora ineludible", resalta Eduardo Molina, presidente del Registro de Auditores Judiciales (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.