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A los socialistas no les gusta esta desigualdad (suelen calificarla como insoportable o inaceptable), pero quedarían en evidencia si aclararan que simplemente están manifestando una preferencia personal, tan legítima como cualquier otra. Así que en lugar de referirse a distribuciones más o menos uniformes de la riqueza, hablan de distribuciones mejores o peores: introducen de tapadillo una valoración subjetiva y la confunden con hechos objetivos. Si aplicaran con consistencia sus gustos por lo uniforme a otros ámbitos, todo el mundo tendría que tener el mismo aspecto, vestir igual, y hacer las mismas cosas de la misma manera; la pintura sólo estaría óptimamente distribuida en un cuadro totalmente blanco, y la música debería ser ruido aleatorio.
Un mercado libre ya distribuye la riqueza de forma legítima, pero los ingenieros sociales colectivistas creen que hay que corregir coactivamente las desigualdades que resultan del proceso espontáneo de creación e intercambio como si fueran un error: los productivos han de entregar buena parte de su propiedad a los improductivos, las leyes estatales inventan falsos derechos contrarios al único derecho ético, el de propiedad, y además se pretende que el proceso de pillaje institucionalizado no perjudica a la actividad económica. Sólo hay que discutir cómo confiscar la riqueza de forma astuta para que las víctimas del robo no se harten y dejen de trabajar: ver si es mejor el impuesto proporcional o el progresivo para financiar el siempre creciente gasto público (o sea, el que controlan los políticos demagógicos y populistas para comprar los votos de los electores); extender el gasto público a todos los ciudadanos para que los contribuyentes netos no puedan denunciar el expolio al que son sometidos.
Miguel Sebastián ha defendido recientemente el tipo fiscal único como "más justo y eficiente". Celebra que "en los últimos 30 años se ha producido una notable redistribución de la renta en España", pero que esta "mejor distribución" no se debe a nuestro sistema fiscal porque no es progresivo (no pagan una mayor proporción de su renta los que más ganan). En realidad es "gracias, sin duda, al gasto público, y fundamentalmente a la construcción del Estado de bienestar en los años ochenta, algo que debe ser reconocido como mérito del Partido Socialista y su líder de entonces, Felipe González". "Los derechos universales (sanidad, educación) mejoran tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad social, sin perjuicio para la eficiencia económica y el crecimiento. Las pensiones y el subsidio de desempleo mejoran la equidad". "Los impuestos deben garantizar la suficiencia recaudatoria y la equidad horizontal y vertical".
Luis de Sebastián le ha replicado que Dejen en paz los impuestos, que lo que hay que hacer es combatir la evasión fiscal y que "la fiscalidad es un instrumento de progreso económico y desarrollo social". Asegura que "lo que garantiza el éxito de la actividad empresarial es el aumento de los bienes públicos: la ley y el orden, la educación en todos sus niveles, las comunicaciones, el buen funcionamiento de los tribunales de justicia". Ley, orden, justicia, educación, comunicaciones: todo suena muy bien. El problema es engañarse pretendiendo que todos estos servicios deben ser proporcionados de forma monopólica y coercitiva por el Estado: por políticos sin escrúpulos morales y funcionarios opositores deseosos de trabajos seguros que no dependen de la satisfacción de aquellos a quienes presuntamente sirven.
"La cuestión (dentro de un marco de justicia, que se supone en una democracia madura) no es el nivel de los impuestos sino cómo se gastan. Los empresarios ilustrados prefieren que el Estado cree externalidades a que se les rebajen más impuestos, cuyos beneficios se pierden luego por mala administración y las dificultades que encuentra la nueva inversión". Aparte de no explicar su concepto de justicia, que seguramente deje mucho que desear, no entiende que el nivel de los impuestos y cómo se gastan no son hechos independientes: los ciudadanos son quienes mejor saben cómo gastar su propio dinero, y las personas no son tan cuidadosas cuando se trata de dinero ajeno. Y con mucha desvergüenza habla en nombre de los empresarios, no cualesquiera sino sólo los ilustrados que están de acuerdo con él.
Un argumento intelectualmente ridículo pero muy repetido es mostrar cómo los países más eficientes y competitivos incluyen a muchos con gran carga fiscal: se pretende que el gasto público "contribuye a elevar la productividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos", cuando lo que en realidad sucede es que los países ricos pueden permitirse altos niveles de parasitismo estatal.
Espero que te sirva.