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Una revisión de las políticas y normas legales referidas a la educación peruana en el siglo XX muestra que ha habido numerosos intentos truncos y fracasados de reformar la educación, lo que ha frustrado las expectativas nacionales de convertir la educación en un gran motor del desarrollo económico y social peruano.
Desde la primera Ley General de Educación, la Ley del Profesorado como carrera pública y el Reglamento General de Instrucción Pública promulgados entre 1850 y 1855 por el primer legislador educativo serio Ramón Castilla, la responsabilidad de la conducción educacional se concentró en el Gobierno Central, apoyado por diversas pedagogos extranjeros, especialmente franceses, belgas y alemanes hasta principios de siglo, luego norteamericanos y más adelante los consultores de los organismos de cooperación técnica y financiera internacional.
Desde que en 1870 se dispuso el funcionamiento de escuelas primarias gratuitas en las capitales de distrito a cargo de los municipios, la secundaria a cargo del Ministerio de Instrucción y la superior a cargo de los Consejos Universitarios, hasta fines de siglo XX, la gratuidad y descentralización de la educación han sido temas de intensa preocupación política, habiéndose avanzado mucho en lo primero y poco en lo segundo.
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