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Estallaría a partir de septiembre de 1939. Era una expectativa hasta cierto punto lógica. Estados Unidos era una de las pocas democracias que sobrevivía en una era marcada por el triunfo del totalitarismo y de las dictaduras. Ello fue así porque Estados Unidos había hecho frente a la crisis de los años treinta -la más grave que se había conocido desde la guerra civil de 1861-64- mediante la reafirmación de los valores democráticos. Se hizo no a la europea (o a la inglesa), sino de acuerdo con la tradición política norteamericana: la clave de la recuperación norteamericana radicó en el liderazgo de la Presidencia de la nación, encarnada desde 1933 por Franklin D. Roosevelt (1882-1945). La crisis del 29 fue una crisis desde luego económica y social, pero fue una crisis que cuestionó además la credibilidad misma del sistema norteamericano. En tres años, cerraron unos 5.000 bancos. Millones de inversores se arruinaron. Se paralizaron la construcción y la industria, el sector agrícola se hundió y el desempleo alcanzó la cifra de 12-15 millones de parados. Las ciudades se llenaron de desempleados, de gente sin hogar, de largas y patéticas colas ante las instituciones de caridad, de barriadas de chabolas hechas de cartonajes y hojalata. La violencia social (huelgas, cortes de carreteras y vías férreas, piquetes, pillaje, delincuencia, manifestaciones, asaltos a cárceles y edificios oficiales, etcétera) se extendió por el país. El primer New Deal (1933-35) se propuso restablecer la confianza del país y combatir el desempleo. La economía había recuperado hacia 1936-37 los niveles de actividad de 1929, pero a partir de agosto de 1937 sufrió una nueva y grave recesión, la llamada "recesión Roosevelt", que puso en peligro todo lo hecho en los años anteriores y que además podía atribuirse a la política ortodoxa de equilibrio presupuestario y altos tipos de interés que el gobierno había mantenido. En todo caso, y a pesar de las medidas que Roosevelt tomó en 1938 a instancias de los elementos más "progresivos" de su equipo -aumentos del gasto público y reducción del valor del dinero-, en 1939 el paro afectaba todavía a unos 10 millones de personas (que disfrutaban, sin embargo, de mucha mayor cobertura social que en 1929-33). Las huelgas de los años 1936-37 y la larguísima batalla política que el Presidente libró a partir de enero de 1937 para nombrar jueces liberales y afines a su política en el Tribunal Supremo erosionaron sensiblemente su popularidad.
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