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Idealmente, los gobernantes deberían rendir cuentas a los gobernados, es decir, a la población que los puso a cargo, por eso se llaman servidores públicos.
En la práctica, los gobernantes le rinden cuentas a los capitales que financiaron sus campañas (empresas, inversión privada y obviamente favores políticos como permisos de construcción o asegurando contratos de exclusividad para toda clase de obras y “resguardo” del erario público).
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