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BARÓMETRO
MOVIMIENTO DEL 68: UNA PERSPECTIVA DE ECONOMÍA POLÍTICA
POR ROLANDO CORDERA CAMPOS
El movimiento estudiantil de 1968 no tuvo en las contradicciones económicas su motivación principal o determinante. Fue la incapacidad de la política estatal para asimilar los cambios en la estructura social, propiciados por el desarrollo económico, la que propició una movilización que pronto puso en evidencia la matriz autoritaria del poder político posrevolucionario.
De primera intención, podría proponerse que la “economía política” de ese tiempo no tuvo mucho que ver con lo ocurrido en las calles y universidades de la capital del país y otros estados de la República. Habré de corregir más adelante esta proposición, pero no sobran elementos para pensar que la vinculación entre la economía y la política tuvo una dirección contraria a la comúnmente imaginada: que fue más bien la economía política posterior, la de la inestabilidad, las devaluaciones, las crisis y los derrumbes de los años setenta y ochenta, la que recibió y resintió el impacto multivariado de ese “desastre del desarrollo” (Albert Hirschman) en que al final se convirtió el movimiento estudiantil, con su secuela de represión masiva, cerco estatal a las universidades y, al despuntar los años setenta, opciones armadas revolucionarias y “guerra sucia”. Fue en los años posteriores al conflicto cuando se puso en evidencia la vía “estrecha” (Carlos Tello) a que había conducido el Desarrollo Estabilizador y que se manifestó en una incapacidad del Estado para cumplir eficientemente con su función legitimadora sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Lo que sobresalía en la economía política mexicana de los sesenta era una cooperación estrecha entre los principales actores económicos y sociales. De asegurar esta cooperación se encargaba el Estado a través del sistema “PRI-gobierno” (Moreno Sánchez); es claro que sus contradicciones económico-sociales “clásicas” seguían en activo y que de ellas podría haberse esperado un desafío de significación para el orden político imperante. No ocurrió así, ni siquiera cuando el movimiento se desplegó como una movilización de alcances y pretensiones populares.
La solidaridad entre los protagonistas económicos sustentaba y se sustentaba en la estrategia de crecimiento implantada por el Estado después del trauma devaluatorio de 1954, de donde arranca lo que después se bautizó como la “estrategia del desarrollo estabilizador”. La devaluación de 1954 y la inflación de los años de la guerra y la inmediata posguerra, junto con los excesos de corrupción y concentración de la riqueza que tuvieron lugar en el periodo del presidente Alemán, hicieron surgir vastos movimientos sociales y proletarios que pusieron en cuestión la política de “unidad nacional” iniciada durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente Avila Camacho. El alemanismo llevó al extremo las coordenadas de esa política y agrietó las relaciones del gobierno con las organizaciones de masas encuadradas en el régimen de la Revolución mexicana, así como la legitimidad del Estado, cuya reproducción dependía de la memoria, los mitos y la imagen unificadora que derivaban del pasado revolucionario.
Esas movilizaciones, más que en una lucha de clases abierta, derivaron en confrontaciones entre las organizaciones populares y el Estado que pretendía representarlas. Tal vez fue debido a esto que la represión de aquellos años, a los maestros, ferrocarrileros y otras agrupaciones sindicales, desembocó casi de inmediato en la búsqueda de una política económica destinada de manera explícita a no repetir las condiciones que hicieron posible aquella movilización obrera.