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El documento estableció que Victoriano Huerta, a quien el presidente Madero confió la defensa de las instituciones, al unirse al grupo de militares rebeldes en armas desde el 9 de febrero del propio año, había cometido el delito de traición en su afán por acceder al poder; Por esa razón, se desconocía su gobierno y seexigía la renuncia de Huerta a sus cargos; Estableció que el Poder Legislativo y el Judicial, así como algunos gobiernos estatales, habían reconocido, en contra de los preceptos constitucionales, al general Huerta y sus procedimientos ilegales y antipatrióticos, y por ello también serán desconocidos; Los jefes y oficiales al mando de las fuerzas constitucionalistas, reunidos en Guadalupe y bajo la dirección de Venustiano Carranza, acordaron sostener por vía de las armas el citado Plan.