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No significan lo mismo los conceptos de “Estado de Derecho” y “Estado democrático”. Y es que muy a menudo ambas nociones se confunden o, en el mejor de los casos, se presentan como un todo indisociable. Pero no es lo mismo vivir en un Estado democrático que vivir en un Estado de Derecho, pues las reglas que articulan cada uno de estos Estados son diferentes; precisamente por eso conviene aclarar y pensar detenidamente qué significa eso de que vivimos en un Estado democrático de Derecho, que sería el resultado de combinar ambos conceptos.
Pues bien, sin querer llegar a un análisis profundo, podemos partir de una consideración histórica que nos va a servir para situarnos en la problemática planteada. Es bien sabido que la historia de las ideas políticas en Occidente ha venido determinada por la dialéctica entre dos corrientes de pensamiento, a saber, la corriente democrática y la corriente liberal. La primera se basa en la regla de la mayoría, mientras que la segunda se fundamenta en la tesis de que existe algo así como unos derechos que son predicables de los individuos y frente a los cuales ni siquiera la mayoría puede decidir.
Así, un Estado democrático es un Estado en el que la ley es expresión de la voluntad de la mayoría, o sea, un Estado en el que los poderes públicos actúan en virtud de lo que la mayoría decide, mientras un Estado de Derecho es un Estado en el que los derechos individuales están garantizados, de forma que nadie, ni siquiera la mayoría con sus votos, podría –por poner un ejemplo– conculcar la libertad de expresión de un ciudadano cualquiera. Una decisión tomada por mayoría en contra de un derecho fundamental sería una decisión democrática, pero antijurídica; por otra parte, una decisión que respete los derechos fundamentales pero que no esté avalada por la mayoría es un decisión conforme a Derecho, pero antidemocrática. Ahí está la cuestión.
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