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Dos cualidades de la Declaración Universal enmarcan la obligación de cada Estado de respetar y proteger la dignidad del ser humano: el principio de indivisibilidad de los derechos de las personas, y el principio de universalidad. Esto significa por un lado que dichas normas internacionales conforman un conjunto coherente en el que no existe jerarquía alguna, es decir, todos los derechos humanos son parte, con igual grado de importancia, de un mismo cuerpo de principios, y por lo tanto no es válido pretender respetar “algunos” en desmedro de “otros”; sostener que se observan, por ejemplo, las libertades individuales y los derechos cívicos, pero que se postergan los derechos sociales básicos. Por otra parte, la universalidad es un rasgo esencial en su definición de “derechos humanos”, sin universalidad otros derechos adquieren una titularidad parcial, de etnia, de grupos, de comunidades, de naciones. Los derechos humanos suponen una ética humanista, que de manera diáfana actúe en beneficio de todos, que pueda ser compartida por ideologías y corrientes filosóficas, por creyentes de las distintas religiones y también por los no creyentes, sin atentar contra la diversidad de pensamiento. Los individuos, tanto como los pueblos, deben tomar conciencia de su destino común. Como dijera alguna vez Hans Küng, “Sin un talante ético mundial, no hay orden mundial… La humanidad posmoderna necesita objetivos, valores, ideales y concepciones comunes”.
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