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El estudio aborda la crisis jurídica del siglo XVIII en el Imperio español, donde la justicia real procuraba elevar el protagonismo de las cortes y jueces reales en el procesamiento de los delitos, disminuyendo o eventualmente eliminando las excepciones concedidas por motivo de fueros o calidad privilegiada. De particular importancia resultaron tanto la percepción de impunidad proveniente de la atención a tales prerrogativas como el temor de que deslegitimara el sistema jurídico y ocasionara conflicto social. Asumió gran relevancia la lucha contra la impunidad de eclesiásticos en casos de crímenes graves. Los abogados reales integraron bitácoras para ordenar los antecedentes delictivos y los procedimientos causales, pasando poco a poco a formulaciones en torno a la soberanía monárquica, el Estado, el clero y los ciudadanos. Pese a sus planteamientos, la clemencia real y la resistencia eclesiástica -con brillantes réplicas jurídicas- prevalecieron hasta 1810, cediendo luego parcialmente en medio de la guerra de Independencia. Sin embargo, la nueva codificación legal quedó pendiente en España y México hasta décadas después, ya que prevaleció el concepto de (potestad económica) como un último recurso del ejecutivo para determinar el procedimiento permisible, dejando al fuero eclesiástico formalmente existente si bien sujeto a la injerencia de las cortes civiles y la determinación última del ejecutivo.
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