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Casi todos los países latinoamericanos realizaron, en las últimas dos décadas, un
conjunto importante de reformas que cambiaron en buena medida la fisonomía de sus
sociedades, modificaron el papel del estado e impusieron un viraje -sin duda
significativo- en lo que se suele llamar el modelo de desarrollo.
Las reformas, muy variadas en su contenido, abarcaron desde medidas inmediatas
para disminuir el déficit fiscal hasta reformas de largo alcance, como por ejemplo la de
la seguridad social. Para comprender mejor este proceso, que ha tenido diferentes
ritmos e intensidades en cada una de las naciones y que en cada caso llevó a la
aplicación de un conjunto específico de reformas, se ha intentado organizarlo
separando las acciones emprendidas según su tipo, objetivos y proyección. Se ha
hablado así de "políticas de ajuste económico", por una parte, para hacer referencia a
medidas de corte instrumental y de corto plazo tomadas casi siempre en situaciones de
crisis, y "de reformas estructurales" -por otro lado- para distinguir "medidas profundas
y de vasto alcance que exceden lo estrictamente coyuntural, afectan a la estructura, a
las instituciones básicas del sistema económico y al largo plazo". Muchos analistas
hemos trabajado también en la misma perspectiva, haciendo énfasis en la diferencia
entre lo coyuntural y lo estructural o entre el corto y el largo plazo. La terminología que
se ha adoptado de un modo más general, sin embargo, suele referirse más bien a la
diferencia entre reformas de primera y de segunda generación. Si bien esta distinción
se asemeja bastante a las anteriormente mencionadas y posee además la ventaja de
resultar sencilla y directa, encubre -como toda denominación simplificada- algunas
diferencias importantes que pueden dar por resultado ciertas confusiones a la hora de
clasificar y comprender las reformas emprendidas.
La ventaja de hablar de reformas estructurales o de largo plazo es que tales términos
implican que de algún modo existe algún modelo "de llegada" para las reformas que se
emprenden, que hay una meta para cada reforma que trasciende la solución inmediata
de un problema coyuntural. Eso permite comprender mejor, incluso, el sentido de las medidas específicas que se han tomado en cada caso concreto. Así, por ejemplo, la
privatización de una determinada empresa puede ser coyuntural, si se realiza
exclusivamente con fines fiscalistas, o estructural y de largo plazo, si con ello se intenta
modificar el balance entre lo público y lo privado dentro de una sociedad. En el primer
caso lo más importante, para el gobierno que privatiza, será obtener de inmediato la
mayor suma de recursos posibles, para lo cual será usual que se reserven privilegios
monopólicas que favorezcan al comprador privado; en el segundo caso, en cambio, el
objetivo será difundir lo más posible la propiedad, activar el mercado de valores y
promover la competencia. Las privatizaciones, por lo tanto, no pertenecerán por sí
mismas a la primera o a la segunda generación sino que deberían considerarse como
medidas coyunturales o estructurales de acuerdo a la forma en que se hayan realizado.