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El Estado venezolano está en la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de toda su población. No obstante, la realidad es que en el caso de las personas trans el Estado venezolano ha sido negligente en cuanto al reconocimiento de un derecho básico como es el derecho a la identidad. La falta de reconocimiento de este derecho ha derivado en la violación de muchos otros derechos como el derecho a la educación, al empleo, a la salud y a la alimentación.
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